Venezuela anunció el jueves que suspendió las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y dio a su personal 72 horas para salir del país, mientras la ONU dijo que evaluaría los pasos a seguir.

La suspensión es "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violatoria de la carta de las Naciones Unidas", dijo en un comunicado el Gobierno Venezolano.

Caracas agregó que realizará una "revisión integral" de los términos de la cooperación técnica, lo que demorará 30 días.

El Gobierno no mencionó un hecho en concreto que provocara la suspensión de la oficina, que cuenta con 13 funcionarios y trabaja en Venezuela desde 2019.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, lamentó el anuncio y señaló que continuarán en conversación con las autoridades y otros actores. “Nuestros principios rectores fueron y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas", agregó.

La televisión estatal había cuestionado el miércoles unas declaraciones del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien criticó un programa oficial de entrega de alimentos mensuales a familias de pocos recursos llamado CLAP.

"Tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del Gobierno. Sin embargo, se volvió susceptible al clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación", dijo el funcionario en una nota de prensa de su oficina.

El Gobierno, sin ofrecer detalles, señaló que desde el inicio de sus operaciones "la Oficina del Alto Comisionado mantuvo una postura claramente sesgada y parcializada, lo que  generó impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio".

En el pasado, la Oficina ha pedido la liberación de detenidos en Venezuela y más recientemente la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, manifestó su inquietud por la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, vinculada por la fiscalía con una conspiración en contra del gobierno.

En Venezuela funcionan otras agencias de la ONU, como la FAO y Unicef.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al ser consultada por la situación, dijo que "es algo que nos preocupa y que obviamente vamos a seguir vigilando".

Con información de la Agencia Reuters