El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, lograba hoy un ajustado en el referéndum que busca revocar una ley que dicta las reformas sociales, penales y económicas emprendidas por su gobierno, frente a la oposición del izquierdista Frente Amplio.

Con más de 79% de las mesas escrutadas el No a la derogación de la ley, tal cual propone el Gobierno, lograba un 51,53% de los votos, mientras que el SI sumaba 58,46 por ciento. Alrededor de 2,7 millones de uruguayos fueron convocados para pronunciarse sobre la Ley 19.899 conocida como la LUC, por la sigla de la Ley de Urgente Consideración.

Lacalle Pou llegó a la votación con un alto nivel de aprobación a su gestión, de 50% y más según todas las encuestas, y de bajo rechazo, que nunca llega a un tercio del electorado.

La izquierda, que gobernó por tres períodos seguidos (2005-2020) y quiere volver al poder en los comicios de 2024, llegó con el entusiasmo de una militancia activa que obtuvo en tiempo récord las casi 800 mil firmas (y huellas digitales), que permitieron cumplir con el requisito constitucional para impugnar una ley y someterla a las urnas.

La ley votada entre abril y junio contiene entre otros aspectos, normas penales con aumento de años de prisión para varios delitos, agravante del encubrimiento y ocupación de espacios públicos, así como establecimiento de la "legítima defensa".

También refiere al proceso penal, para dar mayores facultades a efectivos policiales. Por otro lado, se contempla el agravamiento para delitos de narcotráfico y restricciones para los menores de edad que cometen infracciones. Asimismo, se limita la redención de pena por trabajo o estudio para delitos graves y se crea la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

En cuanto a la educación, se impugnan artículos referidos a la libertad de cátedra, y se quita cargos en el sistema otorgados a sindicatos, entre otros aspectos. En el capítulo de Economía se recurre lo referido a una "regla fiscal" para frenar déficit financiero, la libertad al trabajador a cobrar en cuenta bancaria o efectivo (antes no podía hacerlo en dinero), y el criterio de estudio de precios de combustibles, sobre cálculo de paridad de importación.

También se impugna la autorización a que las empresas privadas que sean propiedad del Estado puedan volcar a mercado accionario una parte de su capital, y se recurre contra la norma que permite que cuando hay ocupación sindical de empresa en medio de un conflicto, los dueños puedan ingresar a su planta, y los trabajadores que no adhieran a la huelga, puedan trabajar.

Además, se impugna la creación de un régimen de alquileres sin garantía, en la que el propietario de la vivienda puede tener un desalojo en plazo más breve que el habitual y se prohíbe los "piquetes que impidan la libre circulación" y el de actuación policial en casos de "hechos de apariencia delictiva".
Otra norma que se impugna es la "portabilidad numérica" , que avala que los usuarios de telefonía móvil puedan cambiar de empresas, manteniendo su número de teléfono..