Señales contradictorias emitió el gobierno venezolano hacia el exterior, al adelantar la fecha de los comicios regionales aun antes que los miembros de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) hayan tenido tiempo de sentarse y que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya informado a través de Twitter que declaró procedente solicitar a España la extradición del opositor Leopoldo López Mendoza, quien se fugó luego de ser condenado a 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas de prisión causó muchas controversias.

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La Comunidad Europea interpretó a la medida de diversificar la composición del ente electoral mediante la incorporación de dos integrantes opositores como un paso hacia la normalización institucional del país caribeño.

EEUU, en cambio, volvió a la carga con la exigencia al Palacio Miraflores de las 5 condiciones que le ha venido planteando: el reconocimiento de los partidos opositores, de sus líderes inhabilitados, la liberación de los presos políticos, el cese de la persecución y de la censura a los medios de comunicación y ONGs.

Aprovechó el presidente interino Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconocen legitimidad, la movida  pro institucional realizada por Nicolás Maduro y la buena acogida que tuvo en Europa, sobre todo, para ofrecerle abrir una negociación internacional en busca de una solución que permita a Venezuela salir de la crisis.

En ese marco, pidió acordar un cronograma de elecciones libres, y justas, presidencial, parlamentaria y regionales" así como "garantías democráticas".

Insistió con que debería ser puesto sobre la mesa un Acuerdo de Salvación Nacional que sea suscripto por las fuerzas legítimas democráticas, el gobierno y las potencias internacionales.

La respuesta tácita que recibió fue el trámite de extradición de López, y en cuanto al sentido de la conformación amplia del CNE, el presidente fue claro en el mensaje que lanzó desde su cuenta de Twitter: “Tenemos un CNE, desde el punto de vista de su institucionalidad, muy fuerte, con miembros de gran prestigio profesional y que representan la gran diversidad del país. Ahora, vamos a elecciones, y que gane quien tenga los votos del pueblo. Así es la democracia. ¡Juntos es La Cosa!”. 

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Guaidó pasó por alto la hábil jugada del gobierno de diversificar el ente, pero adelantándosele en la convocatoria electoral a su modo, y prefirió enfocarse en la utilización de “todos los mecanismos y capacidades que dependen de nosotros, pero aún falta lograr el objetivo fundamental: recuperar nuestra democracia”.

Señaló que ello no implica “arribar a cualquier acuerdo o negociación que mantenga lo que está hoy: todo igual o que cambie espejos por algunos cargos”.

Y enfatizó: “Hoy pueden garantizar soluciones reales a esta crisis en Venezuela. El camino actual que eligió la dictadura, de soberbia, el mismo que eligió en el 2018 y en el 2020, solo profundizará la crisis, su aislamiento internacional, las imputaciones por terrorismo, narcotráfico, violaciones de derechos humanos, los señalamientos por crímenes de lesa humanidad y con eso a los actores del régimen”. 

En lo que se pareció mucho a una advertencia, tiró: “Ellos saben, ustedes saben, que seguir impulsando elecciones fraudulentas no soluciona la crisis, tampoco a ustedes, y solo la profundiza mucho más”.

Los antecedentes de la intención negociadora no resultan muy auspiciosos: en 2019, Nicolás Maduro y la oposición exploraron una vía de diálogo, con Noruega como mediador.

El gobierno bolivariano tanteó también aquella vez negociaciones con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y delegados del Grupo de Contacto de la Unión Europea a fin de escuchar sus propuestas. 

Ni en 2019, ni en el año anterior, cuando también, con José Luis Rodríguez Zapatero como mediador se celebraron encuentros en República Dominicana, prosperó el diálogo.