La candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, podrá seguir en libertad mientras es investigada por presunta corrupción, vinculada al caso Odebrecht, según lo determinó un juez al rechazar el pedido de un fiscal que solicita hasta 30 años de prisión contra la líder política.

La decisión se conoce en momentos en que Fujimori lucha por anular votos de las elecciones del pasado 6 de junio, frente al virtual ganador Pedro Castillo.

 El juez Víctor Zuñiga declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez de regresar a Fujimori a prisión preventiva por presuntamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, por los cargos de lavado de dinero y corrupción.

La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori es investigada por presuntamente recibir 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales anteriores en 2011 y 2016.

Dentro de las condiciones impuestas en 2020 a la candidata presidencial para que recuperara su libertad condicional está la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que el fiscal asegura que Fujimori infringió.

Según Domingo Pérez, Fujimori violó las restricciones por comunicarse con el abogado y excongresista, Miguel Torres, a quien la candidata presentó recientemente como vocero de su partido político en medio de las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.

Pérez aseguró que Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el pasado 3 de septiembre. Entonces -según elsitio France24.com- solicitó que se le revocara a Fujimori la orden de comparecencia con restricciones y se le dictara de nuevo prisión preventiva.

Sin embargo, el juez escuchó al fiscal y a la defensa, entonces determinó que el reclamo "no tenía fundamento", pues no se le había dado una advertencia y no se había extendido la fianza de Fujimori.

Por su parte, la defensa señaló que, si bien Torres es testigo en el caso, no está vinculado directamente con las acusaciones de lavado de dinero, por lo que la restricción no tendría validez.

No obstante, la prensa local reportó que el juez pidió el cumplimiento estricto de las medidas que se impusieron el año pasado como condición para la excarcelación de Fujimori. Por tanto, la dirigente política no podrá comunicarse con Miguel Torres ni otros testigos hasta que concluya el proceso judicial en su contra.

De no cumplirse, el fiscal Pérez podrá solicitar de nuevo que la candidata sea detenida.

La audiencia contra la candidata de la derecha peruana representó un punto de inflamación potencial en un momento de alta tensión por los comicios en segunda vuelta del pasado 6 de junio.

Fujimori se enfrentó al socialista Pedro Castillo, quien se declaró ganador luego de obtener 44.058 votos más, terminado el escrutinio.

Sin embargo, la candidata de Fuerza Popular se ha negado a admitir la derrota y ha solicitado la inhabilitación de hasta 200.000 votos por presunto fraude, aunque las autoridades electorales aseguran que no ha aportado pruebas contundentes.

Durante el fin de semana, miles de simpatizantes de ambos candidatos salieron a las calles para expresarles su respaldo y exigir al jurado electoral que revisa el reclamo de fraude de Fujimori que se pronuncie pronto.

Los comicios enfrentaron a Castillo, un maestro y líder sindical con mayor apoyo en las áreas rurales y pobres del país, contra la postura del libre mercado de Fujimori, proveniente de una familia poderosa cuyos patrocinadores incluyen a la mayoría de la élite urbana del país.