El Gobierno de Joe Biden puede proseguir con la demanda en la que alega que el estado de 
Texas, gobernado por los republicanos, violó una ley medioambiental estadounidense al instalar una barrera flotante de 1.000 pies de largo (unos 300 metros) en el río Grande para 
impedir el cruce ilegal de la frontera desde México, según dictaminó un juez federal este viernes.

El juez de distrito David Ezra, de Austin, dijo que la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que afirma que la cadena de boyas está sujeta a una ley que obliga a los Estados a obtener la aprobación federal antes de obstruir vías navegables, era lo suficientemente plausible como para permitir que el proceso siguiera adelante.

El año pasado, Ezra había ordenado a Texas que retirara la barrera flotante hasta que se resolviera el caso, alegando que probablemente infringía la ley federal. Un panel del 5º Circuito 
de Apelaciones de Estados Unidos confirmó la decisión de Ezra, pero el pleno está revisando ahora esa decisión, con alegatos programados para el 15 de mayo.

El viernes, Ezra reiteró su decisión anterior, afirmando que el Departamento de Justicia había presentado fotografías y otras pruebas para respaldar su argumento de que la gran barrera fija 
podría impedir el paso de los barcos.

La barrera flotante forma parte de una serie de medidas que las autoridades de Texas adoptaron en respuesta al incremento sin precedentes del número de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera y a lo que, según afirman, sería un fracaso del presidente demócrata Joe Biden a la hora de abordar el problema.

El Estado también transportó en autobuses a los inmigrantes a Estados gobernados por demócratas, instaló vallas de alambre de espino a lo largo de la frontera y aprobó una ley que permite procesar a las personas que se encuentren ilegalmente en el Estado.

Todas estas medidas dieron lugar a batallas legales con el Gobierno de Biden y grupos de defensa de derechos, que afirman que Texas está interfiriendo en el poder del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y los derechos de los inmigrantes a solicitar ayuda humanitaria.