Testigos del fraude: una empresa argentina sabe qué pasó en Venezuela

Algo pasó aquella madrugada del 29 de julio de 2024 en Venezuela. En algún momento, un proceso electoral que se desarrollaba de manera transparente según los veedores internacionales y la prensa, de pronto se cubrió de oscuridad, de sospechas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Gobierno de Nicolás Maduro nunca mostró las actas de votación? ¿Quiénes son las personas y organizaciones que tienen en sus manos esa valiosa información para el sistema democrático en América?

Una empresa argentina sabe exactamente qué pasó. Estuvo allí. Fue parte. Si hubo fraude en Venezuela, como señala la mayor parte de los países del mundo, la empresa Ex-Clé tiene que saberlo sí o sí.

¿Por qué? Ex-Clé fue la responsable de llevar adelante todo el proceso técnico de los comicios presidenciales del domingo 28 de julio: la validación biométrica de los votantes, las máquinas de votación y también el software utilizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la transmisión de las actas y el escrutinio. ¿Y después también? La oposición teme que, una vez recogidas las máquinas, se hayan podido generar nuevas actas falsas.

El 26 de agosto, el rector del CNE, Juan Carlos Delpin, funcionario clave de Maduro, admitió en sus redes que existieron graves irregularidades en el proceso y que no tiene ninguna evidencia que respalde el resultado anunciado por el propio Gobierno que integra. Según explicó, él no subió al centro de cómputos y por eso no vio qué pasó. Pero Ex-Clé, en cambio, “era” el centro de cómputos.

De manera llamativa Ex-Clé, que participó en las conferencias previas a los comicios y ha estado allí durante todo el proceso, no ha dicho todavía ni una palabra. Ni sobre la posibilidad de que haya habido fraude, ni sobre el supuesto hackeo de su propio sistema.

Algunas de las fuentes consultadas en Caracas han solicitado que se proteja su identidad por temor a represalias. Pero no solo ellos temen. Todo el personal de Ex-Clé de nacionalidad argentina fue literalmente evacuado de Venezuela, vía Panamá, durante los días previos o posteriores a los comicios. El único argentino de la compañía que todavía permanece (o eso se supone) en Venezuela es su dueño. Pero, ¿quién es?

LOS “DUEÑOS”

La historia oficial y comprobable es que Ex-Clé fue fundada en 1998 por un empresario argentino llamado Luis San Agustín. Poco y nada se sabe de él. No hay rastros. No hay fotos. Infobae publicó tal vez el único dato que podría ser revelador: “Quienes conocieron al fundador en la Argentina admiten que trabajó activamente para la central de inteligencia local (SIDE)”.

En 2004, mientras afloraban las relaciones entre Argentina y Venezuela, Ex-Clé desembarcó en Caracas con algunos contratos para modernizar la banca pública, a través de sus sistemas y equipos de datos biométricos, y también con el CNE, por entonces a cargo de un personaje que será central en esta historia: Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y exvicepresidente de Chávez en 2007. Su hermana, Delcy Rodríguez, es hoy la vicepresidenta de Maduro y la ministra de Finanzas.

En ese tiempo la empresa ya estaba al mando de sus hijos: Guillermo Carlos San Agustín y su hermano Eduardo.

Tampoco se sabe mucho de Guillermo (que hoy ronda los 50 años de edad), pero todos saben en Venezuela que “Guillermo San Agustín es Jorge Rodríguez”, es su amigo, su genio en las sombras, el ingeniero de muchos de sus logros políticos en estas dos décadas. Desde que se conocieron Ex-Clé se ha hecho acreedora de innumerables contratos sin licitación alguna.

A finales de 2008, Rodríguez se convierte en alcalde de Libertador, un municipio clave en Caracas, y gobierna allí hasta 2017, con Guillermo San Agustín como alfil político en el municipio y también en el CNE, que ahora estaba bajo el mando de un gran amigo de ambos: Carlos Quintero.

Ese 2017, fue un año bisagra en la historia de Ex-Clé (y de la democracia en Venezuela). Ese año Maduro convocó a elecciones constituyentes y Ex-Clé fue contratada para hacer el control biométrico, mientras que las máquinas y el sistema estaban a cargo de Smartmatic, una empresa multinacional fundada por venezolanos. De acuerdo a datos de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina revelados por la periodista Mariel Fitz Patrick en Infobae, solo en 2017 Ex-Clé facturó más de 70 millones de euros en cuatro órdenes de servicio, a pesar de tener un rol secundario. El propio Guillermo recibió entre abril y mayo de 2018 “dos transferencias en una cuenta en el Banco Santander Río por un total de US$ 1.250.000 que corresponderían al pago de dividendos de Ex-Clé relativos al ejercicio 2017″, según se cita a la UIF.

El Gobierno se declaró como amplio ganador con un millón de votos más que los que había registrado la empresa contratada. Los directivos de Smartmatic huyeron a toda prisa y desde Londres denuniaron esa inconsistencia. Maduro les expropió todos los activos y se los dio al CNE y a Ex-Clé, que se convirtió desde entonces en la nueva “dueña” de las elecciones en Venezuela.

La gran prueba de fuego de esta nueva maquinaria electoral, ahora 100% bolivariana, sería en las legislativas de 2020. Ex-Clé ahora tenía el control biométrico, el los datos de las personas a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), el SAREN (Servicio Autónomo de Registros y Notarías), los datos de movimientos bancarios de toda Venezuela, las máquinas de votación y también el software para el escrutinio.

De manera directa o indirecta, Ex-Clé y los hermanos Rodríguez se convirtieron para 2020 en los dueños del big data venezolano. A esto responde la pregunta sugerida inicialmente: ¿quién es entonces el verdadero dueño de Ex-Clé?

Pero todo salió mal en aquel 2020. Una vez más, la oposición y el mundo occidental aseguraron que hubo fraude por parte del Gobierno y el Departamento de Estado de los EEUU, sin titubeos, declaró a Ex-Clé como una empresa cómplice de ese delito. El entonces titular, Mike Pompeo, le dedicó un tuit.

La Asamblea creó una comisión investigadora y pidió explicaciones. Ex-Clé sostuvo que la empresa no era dueña de los datos y que se limitó a entregar todo al CNE, en manos de su amigo Quintero.

Pero faltan algunos nombres en este relato. Hasta ahora apenas se ha mencionado a Eduardo San Agustín, hermano de Guillermo y parte de esta estructura hasta después de las sanciones por parte de Washington. Tampoco hay mucha información sobre él, pero sí se sabe que acompañaba a su hermano en la dirección como suplente, que en 2021 renunció a su lugar en el organigrama y que en 2022 se presentó en sociedad como un joven y osado emprendedor del rubro tecnológico. En una entrevista con La Nación cuenta cómo con su amigo desde el jardín de infantes crearon una consultora para la mejora de la eficiencia en el sector agropecuario (Smartfield) y una desarrolladora de drones (Dronescope).

“Seguimos siendo chicos de barrio, por más que la empresa tenga sedes en cuatro países”, afirmaban los socios en esa nota, en la que nada se menciona sobre los millonarios contratos del negocio familiar.

Al consultar con el equipo de Edmundo Gutiérrez y con la exembajadora de Juan Guaidó en Argentina, Elisa Trotta, ambos coincidieron en una referencia aparentemente ineludible: “Hablen con la gente de Armando.Info”. ¿Qué es eso? Es un medio periodístico de investigación de gran prestigio en Venezuela, que tras el escándalo de las últimas elecciones presentó un detallado informe sobre los San Agustín y el vínculo con los hermanos Rodríguez.

Consultado por este medio, uno de sus editores introduce los nombres de dos argentinos más, que parecen clave en el armado y la operación de Ex-Clé: Hernán Sorell y Javier Nassif. Según detalló, Sorell es el gerente de Tecnología de la empresa, el cerebro detrás de las máquinas y los softwares, y sería amigo de la infancia de Guillermo San Agustín. Nassif, por su parte, era el gerente general y sería el hombre de mayor confianza del “dueño” de Ex-Clé en términos laborales.

De acuerdo a Armando.Info, ambos le pidieron a Guillermo poder irse de Venezuela ante el inminente estallido del escándalo electoral. Javier se fue vía Panamá el mismo 28 de julio. Hernán, su amigo, lo habría hecho el 29 por la mañana. Y agregó: “Guillermo no puede irse ni aunque quisiera”.

LOS CONTRATOS

Ni un día tardó el Gobierno de Javier Milei en dar de baja los contratos de Ex-Clé con el Estado nacional. En efecto, el mismo 29 de julio el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, dio por finalizado el contrato con la Anses para la prestación del servicio de identificación por datos biométricos del programa “Mi huella”. ¿De qué números estamos hablando?

Ex-Clé ya había tenido contratos desde 2004 con las provincias de Río Negro y Tierra del Fuego y en 2009 se inscribió como proveedor para el Estado nacional, pero el gran paso a nivel local lo dio en 2015, último año de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el titular de la Anses era Diego Bossio.

En ese momento se firmó un contrato por $28 millones para desarrollar e implementar los datos biométricos de “Mi huella”. Llegó Macri a la Presidencia y les costó entablar negociaciones. Recién en 2019 se suscribió un nuevo contrato por $6,4 millones, y fue renovado en 2022, ya con la camporista Fernanda Raverta al frente de la Anses, por contratación directa. Esta vez, en un clima de alta inflación, el contrato fue en dólares: US$109.113, renovados por en 2023. Ese es el contrato dado de baja por Pettovello.

En lo que se refiere al Estado nacional, también los tuvo con la Secretaría de Gobierno de Modernización, dependiente de Jefatura de Gabinete durante la gestión de Alberto; con el Registro Civil, con Migraciones, con la Agencia Nacional de Promoción y con el Ministerio de Justicia. En todos los casos, como proveedor de tecnología de identificación biométrica y su mantenimiento.

Otro punto neurálgico de los contratos de Ex-Clé en Argentina fue Mendoza, con gestiones de todos los colores. El primero data de 2010, cuando se modernizó el Registro Civil con su sistema de identificación biométrica, que también se aplicó en 2018 en la obra social de los empleados públicos, la OSEP. Por un lado le vendieron los equipos para detección de huellas dactilares por más de $38 millones; y luego también el software y el mantenimiento por casi $26 millones por 12 meses. Unos $64 millones en total.

De acuerdo a los datos de la UIF difundidos por Fitz Patrick, para las elecciones de 2012, las primeras en las que formó parte Ex-Clé como verificadora biométrica, el contrato alcanzó los US$ 11,1 millones. Pero en 2016 Ex-Clé ya le había facturado al CNE unos US$ 21.443.540. Y era recién el comienzo. En 2017, el año del gran salto habían sido al menos 70 millones de euros, y dos de las cuatro órdenes las cobró a través de un banco de Uruguay.

Los datos revelados por Fitz Patrick hablan de unos movimientos astronómicos para este país. Solo en 2017, el patrimonio neto de Ex-Clé en Argentina pasó de $16 millones a $170 millones; y las ganancias netas pasaron de $1,74 millones a $153 millones. Lo que se dice “un gran año”. Y todo esto gracias a triangulaciones desde cuentas en terceros países.

Un dato curioso por el actual contexto es que Eduardo se acogió al blanqueo de Mauricio Macri en 2016 y exteriorizó $38 millones en un año, provenientes principalmente del exterior, pero también de Mendoza y el Estado nacional. En dólares, recibió unos US$12 millones, de los cuales US$9,7 millones llegaron desde la propia cuenta de Ex-Clé en Uruguay.

Hoy, Ex-Clé está en el ojo de la tormenta y nadie sabe qué puede ocurrir. ¿Qué saben? ¿Qué callan? De lo que no hay duda es de que ellos tienen los datos. Son los dueños de la información y, por lo tanto, también son los dueños del poder.