Se recalienta la polémica judicial por el aborto en Estados Unidos: ahora el Departamento de Justicia demandó a Texas
Plantea la "inconstitucionalidad" de la prohibición texana a las interrupciones forzadas de embarazo después de seis semanas de gestación, cuando la Corte Suprema la semana pasada se había negado a bloquearla.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos salió al cruce del Estado de Texas mediante una demanda que intenta bloquear la nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que la legislatura estatal la promulgó "en abierto desafío a la Constitución".
La acción legal se produce después que la Corte Suprema se negara la semana pasada a bloquear la legislación texana, que prohíbe que casi todos los abortos después de las seis semanas de embarazo entren en vigor.
Los jueces del tribunal superior habían votado por un estrecho margen de 5 a 4 para permitirlo, lo que llevó al presidente Joe Biden a atacar el fallo como un "insulto" al estado de derecho.
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Y ahora su fiscal general, Merrick Garland, anunció acciones legales contra Texas.
La demanda civil, presentada en un tribunal federal del Estado solicita a un juez federal que declare inválida la ley de aborto, conocida como SB8 (Proyecto de Ley del Senado 8), "para proteger los derechos que Texas ha violado".
En una conferencia de prensa, Garland dijo: "El acto es claramente inconstitucional según el precedente de la Corte Suprema".
El Departamento de Justicia argumenta que la SB8 infringe ilegalmente los derechos constitucionales de las mujeres y viola la cláusula de supremacía de la Constitución, que dice que la ley federal reemplaza a la ley estatal.
SB8, promulgada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe los abortos después de la detección de un latido fetal, que generalmente ocurre alrededor de la sexta semana de embarazo.
En ese momento, muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.
En lugar de colocar a los funcionarios públicos o las fuerzas del orden a cargo de hacer cumplir la prohibición, la ley faculta a los ciudadanos privados a presentar demandas civiles contra los proveedores de servicios de aborto o cualquier persona que "ayude o sea cómplice" de un aborto después del umbral de las seis semanas.
Los familiares, consejeros de crisis por violación y otros profesionales médicos podrían estar abiertos a demandas, según expertos legales y médicos que se opusieron a la medida.
Las personas que demanden recibirían al menos $10,000, así como los costos de los honorarios de los abogados, si ganaran.
En Austin, una jueza interpuso un freno momentáneo a esta cláusula que abre las querellas a los ciudadanos o agrupaciones antiabortistas, ad referéndum de lo que disponga la Corte.
Del otro lado de la frontera, en México, la el Superior Tribunal falló a favor del aborto, cuando sólo era legal en cuatro estados, incluido el Distrito Federal.
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