En Singapur, la nación más avanzada de Asia, no se andan con vueltas a la hora de hacer que se respeten las leyes, sin importar si quienes las violan son nativos o extranjeros. De ello puede dar fe Benjamin Glynn, quien fue condenado a seis semanas de prisión por un juzgado local, al negarse a usar la mascarilla en trenes y otros lugares públicos.

El hombre estaba acusado de violar repetidamente los protocolos destinados a evitar la propagación del coronavirus al negarse a usar una mascarilla en público, y ahora, tendrá que estar en la cárcel los próximos 42 días.

Quiso imponer que en el Reino Unido se permite una protesta organizada contra las leyes que vuelven obligatorios a los barbijos, pero el juez singaporense igual lo declaró culpable de cuatro cargos, todos ellos por no querer usar la mascarilla en lugares públicos como un tren.

Además, también estaba acusado de provocar altercados y proferir amenazas hacia los funcionarios públicos que trataron de hacerle entender que la mascarilla era obligatoria.

El razonamiento de la oposición a ponérselos es por considerar la restricción un tema de dominancia". Los manifestantes en el Reino Unido que se niegan a usar mascarilla cuando están en un espacio público durante la pandemia, argumentan: "Yo estoy a cargo y tú no me dices qué tengo que hacer".

En Singapur funciona exactamente al revés. El pasado febrero, un juzgado condenó a otro británico a dos semanas de cárcel, por haber cometido el delito de escapar de la habitación de su hotel mientras estaba en cuarentena para ver a su novia.

En el caso de Glynn, inclusive, antes de recibir el veredicto, tuvo que someterse a una evaluación psiquiátrica por orden del juez, quien creía que su conducta y sus declaraciones en el tribunal eran producto de algún tipo de alteración.

Los resultados no ofrecieron nada extraño, por lo que se le juzgó como a cualquier otra persona.

Rechazo a los cargos por "ilegales"

El ciudadano británico pidió al tribunal que retiraran los cargos que pesaban contra él y que calificó como "ilegales".

Además, exigió que se le devolviera su pasaporte para poder regresar a Reino Unido, a lo que el juez le respondió que "estaba "completamente equivocado" si pensaba que por ello no tenía obligación de cumplir con las leyes vigentes en Singapur sobre el uso de mascarillas.

Glynn no quiso contar con la ayuda de ningún abogado y se representó a sí mismo en el tribunal, recibiendo finalmente una condena de seis semanas de prisión que comienza a cumplir de inmediato.

Singapur es una ciudad-estado conocida por exigir el cumplimiento estricto de sus leyes y no será el primero que va a la cárcel por no seguir las normas sobre el Covid-19.

De hecho, tal y como publica la CNN, varios ciudadanos extranjeros vieron cómo revocaban sus permisos de trabajo por no cumplir las reglas del coronavirus.