El Gobierno del Reino Unido fue en contra del derecho a la protesta y esa circunstancia generó una polémica en aquella nación, por el atropello a derechos adquiridos.

Nuevas leyes estrictas restringen el derecho a protestar, subrayó un informe de la agencia de noticias norteamericana Associated Press.

El gobierno conservador sostiene que las leyes impiden que los activistas extremistas dañen la economía y alteren la vida cotidiana. 

Los críticos alegan que los derechos civiles se están erosionando sin suficiente escrutinio por parte de los legisladores ni protección de los tribunales. 

Señalan que los arrestos generalizados de manifestantes pacíficos, junto con el de funcionarios del gobierno que etiquetan a los activistas ambientales como extremistas, marcan un cambio preocupante para una democracia liberal.

"La protesta legítima es parte de lo que hace que cualquier país sea un lugar seguro y civilizado para vivir", indicó Jonathon Porritt, ecologista y ex director de Amigos de la Tierra, quien se unió a una vigilia frente al Tribunal Penal Central de Londres para protestar por el trato dado a los manifestantes.

Gran Bretaña es una de las democracias más antiguas del mundo, sede de la Carta Magna, un Parlamento centenario y un poder judicial independiente. 

Ese sistema democrático está sustentado por una "constitución no escrita": un conjunto de leyes, reglas, convenciones y decisiones judiciales acumuladas durante cientos de años, escribió la AP.

Los manifestantes, de grupos como Extinction Rebellion, Just Stop Oil e Insulate Britain, argumentan que la desobediencia civil está justificada por una emergencia climática que amenaza el futuro de la humanidad.

Pero el primer ministro Rishi Sunak los calificó de "egoístas" y "fanáticos ideológicos", y el gobierno británico respondió a algunos disturbios con leyes que restringen el derecho a la protesta pacífica. 

Los cambios legales introducidos en 2022 crearon un delito legal de "alteración pública", punible con hasta 10 años de prisión, y otorgaron a la policía más poderes para restringir las protestas consideradas disruptivas.

Le siguió la Ley de Orden Público de 2023 , que amplió la definición de "perturbación grave", permitiendo a la Policía registrar a los manifestantes en busca de artículos como candados y pegamento. 

Impone penas de hasta 12 meses de prisión a los manifestantes que bloqueen "infraestructura clave", definida ampliamente para incluir carreteras y puentes.

El Gobierno adujo que actuaba para "proteger el derecho de la mayoría respetuosa de la ley a seguir con su vida diaria". 

Pero el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento, formado por varios partidos, advirtió que los cambios tendrían "un efecto paralizador sobre el derecho a protestar".

Días después de que la nueva ley entrara en vigor en mayo, seis activistas antimonárquicos fueron arrestados antes de la coronación del rey Carlos III antes de que siquiera hubieran levantado un cartel que decía "No es mi rey" y posteriormente, todos quedaron en libertad sin cargos.

En los últimos meses, el ritmo de las protestas y la escala de los arrestos aumentaron, en parte como resultado de un cambio legal que penaliza la marcha lenta, una táctica adoptada por los manifestantes para bloquear el tráfico marchando a baja velocidad por las carreteras.

Cientos de activistas de Just Stop Oil fueron detenidos por la Policía momentos después de comenzar a caminar.

Algunos manifestantes recibieron sentencias de prisión que fueron calificadas como indebidamente punitivas.

El ingeniero estructural Morgan Trowland fue uno de los dos activistas de Just Stop Oil que escalaron el puente Reina Isabel II sobre el río Támesis cerca de Londres en octubre de 2022, lo que obligó a la Policía a cerrar la carretera durante 40 horas. 

Fue condenado a tres años de prisión por alterar el orden público. 

El juez Shane Collery le indicó las razones: "Fue tanto por el caos que usted causó como para disuadir a otros de intentar copiarlo".

Fue liberado temprano el 13 de diciembre, después de haber pasado un total de 14 meses bajo custodia.

El gobierno conservador rechazó las críticas en palabras de Sunak: "Aquellos que infringen la ley deberían sentir toda su fuerza". 

Aún más preocupante, dicen algunos expertos legales, es la "lotería de la justicia" que enfrentan los manifestantes arrestados. 

La mitad de los ambientalistas juzgados por jurados fueron absueltos después de explicar sus motivaciones, incluidas nueve mujeres que rompieron las ventanas de un banco con martillos y cinco activistas que rociaron el Tesoro con sangre falsa con una manguera contra incendios.

Pero en algunos otros juicios, los jueces prohibieron a los acusados ​​mencionar el cambio climático o sus motivos para protestar. 

Varios acusados ​​que desafiaron las órdenes fueron encarcelados por desacato al tribunal.

Tim Crosland, un ex abogado del gobierno convertido en activista ambiental, comentó: "Es kafkiano si las personas están siendo juzgadas y tienen una mordaza en la boca. Eso parece algo que sucede en Rusia o China, no aquí".