El candidato presidencial de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, que saca ventajas en las encuestas para la segunda vuelta a Keiko Fujimori, tomó distancia de las propuestas de la primera ronda electoral, amenazantes al orden jurídico, a fin de no espantar al electorado moderado y que se termine volcando a la coalición derechista.

Precisamente, los contrincantes blandieron una supuesta amenaza autoritaria con su petición de pena de muerte para delincuentes y corruptos, su rechazo al matrimonio igualitario y la desactivación de la Defensoría del Pueblo, con el argumento de que no resolvía las controversias que afectan a comunidades campesinas.

En esa dirección, el miércoles pasado había suscripto un compromiso de 10 puntos en el que garantiza el respeto a los tratados internacionales y los derechos de las minorías, a la vez de precisar que promoverá una asamblea constituyente pero siguiendo las reglas de juego vigentes.

Este fin de semana, las organizaciones civiles y de la Iglesia en Perú le pidieron a él y a Keiko Fujimori que juren públicamente que dejarán el poder al final de su mandato en 2026, cualquiera sea quien resulte vencedor en la segunda vuelta, y que no interferirán en investigaciones de la Fiscalía.

Les previnieron que, si alguno se negara a firmar o no cumpliera el juramento, "la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia".

Juramento por la democracia es un documento elaborado por Conferencia Episcopal Peruana, la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia para exigirle a ambos candidatos el cumplimiento de una serie de temas "urgentes".

Afirman que "por sus trayectorias, programas y discursos, es más urgente que nunca mantenerse vigilante ante posibles amenazas a la democracia" y añadieron que, si alguno de los candidatos se negara a firmar o no cumpliera el juramento, "la sociedad civil democrática advertirá los peligros de ello y sabrá defender nuestra democracia".

Exigen al candidato izquierdista Castillo y a la postulante derechista Fujimori que juren que pondrán en marcha "los máximos esfuerzos del Estado para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica" para la prevención, tratamiento y vacunación universal.

Y, asimismo, respetar el derecho a la vida y garantizar los derechos humanos de minorías y "marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural".

Lo mismo que Castillo y Fujimori juren "dejar el poder después del 28 de julio de 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección".

Otras demandas se refieren a respetar y proteger la independencia y fueros de los otros poderes del Estado, así como la autonomía del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva.

Respecto de la lucha contra la corrupción, les exigen no interferir en las investigaciones del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Procuraduría y la Contraloría de la República.

Grieta ideológica

La grieta electoral separa a las ideologías de derecha y la izquierda que se agruparon en torno de los candidatos que las representan en uno y otro lado.

El ex candidato y ganador del premio Nóbel de Literatura, Mario Vargas Llosa, expresó el sentir de la derecha que sumará su voto a la hija del ex dictador Alberto Fujimori, haciendo la vista gorda a que haya prometido indultar a su padre y haber participado, de manera muy directa, y de que se benefició con la dictadura, además de estar acusada por el Poder judicial de haber lucrado con la Operación Lava Jato, de la que habría recibido dinero, por lo cual el Poder Judicial ha pedido para ella 30 años de cárcel.

Sin embargo, la consideraron "un mal menor", ante el riesgo de que su rival de la izquierda convierta al país en “comunista, autoritario y totalitario”.

A Pedro Castillo se lo tiene como un maestro de escuela primaria provinciano, nacido y criado en la zona andina de Cajamarca, que usa sombrero de paja y llegó a caballo a votar el domingo 11, a quien Vargas Llosa calificó de "bien intencionado".

Es una imagen que pega en la alta proporción de pobreza y miseria, con pueblos originarios y campesinos pobres privados de tierra y demás derechos, que prevalece entre los 33 millones de habitantes que tiene Perú.

En los centros urbanos, en cambio, muchos sectores la asocian a un eventual retraso del país en su desarrollo económico y modernización.

Por sus antecedentes como gremialista del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruanos (SUTEP), puso a la educación al tope de su campaña, con la propuesta del programa “Perú Libre de Analfabetismo”, que convocaría a 50.000 maestros para erradicarlo y aumentar el presupuesto de Educación.

En 2017 condujo una huelga nacional de maestros que duró tres meses y ahí se hizo un poco conocido, a pesar de los bloqueos informativos de la prensa.

Fake news 

En los tramos finales de la campaña que decidirá el futuro político peruano de los próximos cinco años, la guerra de las comunicaciones se libra en las redes sociales, desde donde se intenta influir en la conciencia ciudadana con métodos conocidos como el de fake news, del tipo del aplicado en EEUU y que tuvo como blanco de las denuncias a Facebook.

En Perú, la red social más popular reveló que en abril había eliminado cuatro redes distintas formadas por 86 cuentas y otras 6 de Instagram (de su propiedad) asociadas con Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, así como a empleados de la agencia de publicidad Alfagraf, que usaban identidades falsas.

En su informe periódico publicó sobre "comportamientos coordinados no auténticos", es decir, aquellas operaciones en las que uno o más individuos o empresas crean cuentas bajo identidades falsas y las utilizan para difundir mensajes y apoyar posicionamientos políticos o sociales determinados, o "fake news".