América Latina, una de las regiones más castigadas por la injusta distribución de riquezas, retrocedió 15 años con el Covid-19 ya que engendró 22 millones de nuevos pobres, al tiempo que multimillonarios como el mexicano Carlos Slim multiplicó su patrimonio en idéntico lapso de US$52,1 millones a US$62,8 millones, y la chilena Iris Fontbona lo subió de 10,8 millones a 23,3 millones.

A pesar de cobrarles a los pudientes mayores contribuciones que en Latinoamérica, en Estados Unidos su presidente, Joe Biden, anunció que les aumentará los impuestos y lo mismo hará con las ganancias de las empresas, lo cual provocó un fuerte debate dentro de la franja privilegiada.

Tal es así que un grupo que se hace llamar "Patriotic Millionaires" (Millonarios patrióticos) aboga por cambios en la política progresista, a fin de que los más ricos paguen más.

Por tal motivo, organizó para el Día del Impuesto, en el que los estadounidenses presentan sus declaraciones de la renta al gobierno federal, una serie de protestas frente a las casas en Nueva York y Washington de Jeff Bezos, de Amazon, y de líderes de la Cámara Alta.

El lema de los autoconvocados –que cuentan con ingresos anuales de más de un millón de dólares o activos por valor de más de 5 millones de dólares– era: "Corta la mierda. Impuestos a los ricos", y recorrían los objetivos con tres vallas publicitarias móviles, donde se mostraban vídeos de conocidos multimillonarios como Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg, según informó Business Insider, la ciudad de Nueva York y Washington D.C. 

En Argentina, Uruguay, Colombia y Bolivia, en cambio, campea una mucho mayor inequidad en la aplicación de gravámenes al patrimonio o las grandes fortunas, en tanto en Chile y México las iniciativas legales se encuentran en estado deliberativo.

En Europa, si bien la presión solo alcanza al patrimonio neto en España, Noruega y Suiza, coexisten otros tipos de gravámenes sobre el capital y la riqueza, además de garantías sociales.

Problemas fiscales crónicos 

Domingo Carbajo Vasco, economista experto en Derecho Tributario y autor, entre otros, del libro 'Medidas fiscales ante el COVID-19', asegura que "los sistemas fiscales latinoamericanos tienen problemas crónicos desde hace muchos años", según consiga un artículo publicado en DW. 

"La pandemia ha vuelto a poner simplemente el dedo en la llaga sobre problemas estructurales previos, los ha agudizado y, además, ha acelerado los procesos", concluyó.

En tal sentido, DW Hans-Jürgen Burchardt, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), definió al virus como “un marcador de desigualdades sociales muy fuerte”.

Por ello, la necesidad de una reforma tributaria pasó a convertirse en un lugar común para los países que necesitan construir un estado del bienestar que amortigüe las crisis económicas y redistribuya la riqueza. Al menos, lo suficiente para erradicar la pobreza más extrema, lo cual requiere de presupuesto. 

Este inspector de Hacienda, que lleva casi 15 años trabajando en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria española, destaca que "las élites y los grupos de poder iberoamericanos se niegan a hacer una reforma tributaria porque nunca han pagado impuestos... y ya es hora de que paguen algo".

Lo corrobora un informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) titulado 'Los Sistemas Tributarios en América Latina', según el cual "en algunos Estados, los más acaudalados pagan entre el 1 y el 3 por ciento de su ingreso bruto, mientras que, en otros, el porcentaje sube hasta el 10 por ciento".

En Estados Unidos, en cambio, "la contribución de los más ricos es del 14,2 por ciento, y en algunas naciones europeas excede el 20 por ciento".

En Chile, tienen nombre y apellidos los principales apuntados para pagar la reforma constitucional que hará la electa asamblea constituyente, cuyo 70% proviene de la conjunción entre la izquierda y el corte progresista del estallido social de 2019 e incluirá derechos sociales inéditos en una sociedad con predominio de pobres: Anglo American Sur, Mantos Copper, Los Pelambres, Candelaria, Quebrada Blanca, Escondida, Collahuasi, Cerro Colorado, Zaldívar y El Abra», indicaron en un artículo publicado en Ciper Chile.

Son compañías mineras transnacionales identificadas en un estudio realizado por los economistas Sturla, Accorsi, López y Figueroa que obtuvieron una renta de US$120.000 millones nada más que entre 2005 y 2014, y ahora se aprestan a cosechar la bonanza internacional de precios para los metales.

Para solventar los persistentes desequilibrios económicos y sociales de Chile y financiar el mayor gasto público que representará la reforma constitucional, al cobre le tienen reservadas retenciones a la exportación que pueden llegar al 75% en el caso de que la cotización supere los US$4 la libra.

El tira y afloje entre las clases alta y media para repartir el peso de la desigualdad que la pandemia exacerbó tiene en los grados de corrupción existentes en cada sociedad su propia impronta: "Nadie está dispuesto a pagar impuestos para que vaya a los bolsillos de los políticos o de altos funcionarios", señaló Carbajo.