La sentencia del Supremo, tras el juicio celebrado en Madrid entre febrero y junio, depurará responsabilidades en el proceso político que en octubre de 2017 culminó en una infructuosa declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La fiscalía pide elevadas penas de prisión, de hasta 25 años en el caso del ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras, por rebelión y malversación de fondos públicos.

Pero sobre todo se anuncia como un terremoto político en Cataluña, donde su gobierno regional, en manos de los separatistas, sigue comprometido con el objetivo de la secesión, y donde el movimiento independentista está ya preparando movilizaciones masivas de repulsa a la sentencia.

Un vendaval que se viene poco antes de las elecciones legislativas del 10 de noviembre, y tras el que el gobierno español espera que pueda retomarse el diálogo político a fin de encauzar una crisis de años.

"Termina la etapa penal y sería un gran momento para poder abrir la puerta política de nuevo" y "empezar a solucionar el conflicto políticamente", dijo en un encuentro con la prensa internacional Irene Lozano, encargada de defender en el exterior la imagen de la democracia española.

"Dentro de la Constitución hay muchos aspectos de los que se puede hablar", añadió Lozano, empleando una fórmula utilizada por el presidente Pedro Sánchez, quien se niega a un referendo de autodeterminación pero ha dejado entender que Cataluña podría sumar competencias a las muchas que ya tiene en sanidad, educación o seguridad (cuenta con policía propia, los Mossos dEsquadra).

Con todo, la secretaria de Estado, dependiente del ministerio de Exteriores, se mostró muy cautelosa y afirmó que hará falta tiempo para "bajar la tensión" dentro de una crisis política que "creo que va para largo".

Lozano consideró asimismo que los independentistas, en el poder en Cataluña, deberán "reconocer el fracaso" de su estrategia, la de "desinformar a su propia población" prometiéndole una independencia que no se ha producido.

La cuestión catalana es una de las claves de las elecciones del 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años de inestabilidad política, y en las que el socialista Pedro Sánchez espera ganar y poder formar gobierno.

Sánchez no ha dejado de cargar contra el separatismo, al que acusa de "fracturar" a la sociedad catalana, mientras que los dirigentes independentistas hablan desde ya de "desobediencia civil" y consideran como "presos políticos" a nueve de los 12 procesados, que se encuentran en prisión preventiva.