El Gobierno de Joe Biden intenta alejarse de la política de su antecesor Donald Trump, de mantener a las personas sin papeles en centros de detención pero sin embargo aplica una deportación, informan medios internacionales.

Los observadores del proceso migratorio indican que el presidente Joe Biden tiene por delante el desafío de una crisis humanitaria en la frontera entre los Estados Unidos y México. 

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE), Tae Johnson, confirmó que el Gobierno firmó un acuerdo por cerca de 87 millones de dólares con la ONG texana Endeavors, para que administre un programa que otorgue alojamiento en hoteles y pruebas de Covid-19 a los migrantes en proceso de deportación. 

Se calcula en aproximadamente 1.200 migrantes la cantidad de personas detenidas en dos centros de detención familiar en Texas, según una portavoz de ICE.

El objetivo es "proporcionar alojamiento temporal y servicios de tramitación para las familias que no han sido expulsadas y que por tanto están en proceso de expulsión de EE. UU.", explicó Johnson.

Hasta ahora, ICE se ha encargado de la custodia de las personas sin papeles que cruzan la frontera después de que son detenidos por la Patrulla Fronteriza.

Está previsto que los llamados "sitios de recepción familiar" en hoteles se abran en abril.

El personal de esos lugares será capacitado para trabajar con niños, según dos fuentes del Gobierno citadas por la agencia Reuters, de acuerdo con un informe que publica el sitio France24.com.

Aún no está claro si los migrantes deberán usar tobilleras electrónicas o si estarían sujetos a cualquier otra forma de monitoreo.

Los funcionarios explicaron que las familias llegarán a las estaciones de la Patrulla Fronteriza y luego serán enviadas a los hoteles para trámites de registro.

Podrían salir de los centros de recepción seis horas después de su arribo si completan el proceso, dan negativo en la prueba del virus y se ha organizado el transporte.

Después, las familias migrantes serán "expulsadas" a México o a sus países de origen mediante una orden de salud de la era Trump conocida como Título 42.

No obstante, más de la mitad de las personas capturadas en la frontera el pasado febrero no fueron deportadas y muchos fueron liberados dentro de los Estados Unidos.

La Administración de Joe Biden, que ha prometido impulsar desde el Congreso proyectos de ley para regularizar la situación de millones de migrantes que por años han permanecido indocumentados en su territorio, paralelamente advierte que su frontera no está abierta para la llegada de nuevas personas, más aún en medio de las restricciones por la pandemia del Covid-19.

"Nuestro mensaje ha sido sencillo: la frontera está cerrada (…) Estamos expulsando a familias. Estamos expulsando a adultos solteros. Y hemos tomado la decisión de no expulsar a niños pequeños y vulnerables", sostuvo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a cuatro programas de noticias dominicales en medio del esfuerzo del Gobierno por enfatizar que trabaja para tener la situación bajo control.

Las historias de menores no acompañados y familias que intentan cruzar la frontera han comenzado a dominar los titulares y la atención política, distrayendo los esfuerzos de la Casa Blanca para promover el proyecto de ley de ayuda por el Covid-19 de 1,9 billones recientemente aprobado.

Este domingo, el mandatario estadounidense anunció que visitará la frontera con México "en algún momento" y urgió a quienes tienen intención de llegar a su país a que soliciten refugio desde sus países de origen.

Tras la llegada a la Casa Blanca del mandatario, que ha prometido un trato más humano para los indocumentados en su país, la cifra de personas que buscan refugio aumentó vertiginosamente. Pasó de cerca de 7.000 en enero a alrededor de 19.000 en febrero, de acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).