Colombia registró 215 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el 2022, la cifra más alta en los últimos siete años por un incremento de los ataques de los grupos armados ilegales en zonas estratégicas para el narcotráfico, informó el lunes la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con un informe del organismo que promueve la defensa de los derechos humanos en el país sudamericano, la cifra de homicidios del año pasado superó los 145 del 2021 y los 182 del 2020, que era hasta el momento el número más elevado.

"El 2022 marcó un lamentable récord de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos ya que registramos un total de 215 asesinatos, siendo el año con el mayor número de casos desde el 2016 cando iniciamos el registro", dijo en una declaración el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

"Es una grave afectación para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde respeten los derechos humanos", agregó.

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La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se convirtieron en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.

Pese a que el presidente Gustavo Petro busca implementar una paz total para poner a casi seis décadas de conflicto armado interno que dejó 450.000 muertos solo entre 1985 y 2018, los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos no se han detenido y desde que asumió el poder en agosto 82 han sido asesinados.

El Gobierno de Petro inició en noviembre una negociación de paz en Venezuela con el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y busca implementar un acuerdo del 2016 con facciones de las FARC que no se acogieron al pacto y otra que decidió regresar a la lucha armada alegando incumplimiento por parte del Estado.

También busca un sometimiento de la justicia de las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico a cambio de beneficios como rebajas de penas.

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El Gobierno de Petro declaró en Año Nuevo un cese bilateral del fuego con las dos disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

"Esperamos que el inicio de los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales signifiquen también una disminución de las acciones contra líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional", sostuvo el defensor del pueblo.

Las cifras sobre violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos causan polémica y varían entre las diferentes organizaciones.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los departamentos más afectados por la violencia contra líderes sociales el año pasado fueron Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo, todos afectados por la presencia de grupos armados ilegales y de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.

(Reporte de la agencia de noticias británica Reuters).