Mientras algunos desprendimientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no aceptan que la cúpula de la organización los haya desmovilizado y ahora se sumaron a los grupos que combaten con el Ejército Bolivariano en la frontera con Venezuela, los jefes de la disuelta guerrilla reconocieron en una presentación ante el tribunal de paz haber apelado al secuestró de manera sistemática durante su guerra contra el gobierno de su país.
Admite de este modo, por primera vez, la imputación que le hicieran por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en momentos en que miembros de las FARC ocupan 2 de las 10 bancas parlamentarias del partido de los Comunes.
Fueron más lejos y confesaron en la presentación hecha ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz que los secuestrados sufrieron malos tratos, lo cual justificaron que se dieron "en el contexto de las difíciles condiciones de la guerra", si bien reconocieron que "tales conductas nunca debieron ocurrir”.
Descartaron, como contrapartida, haber ejecutado una política de violación como táctica militar, por más que las víctimas los hayan presionado para que se hicieran cargo de esas aberrantes acciones.
En todo caso, si las hubo, las consideraron hechos aislados.
Aclararon, en tal sentido, que las violaciones por parte de sus militantes se juzgaban en un consejo de guerra y si eran declarados culpables, se sancionaban con la pena máxima: la muerte.

Desaparecidos

El texto de las FARC al tribunal consigna el compromiso de localizar los cadáveres de 100 personas que fueron secuestradas, ejecutadas y enterradas en algún sin que se sepa dónde.
Ya se inició una investigación, que se prevé lenta y costosa, y faltaría hacer el trabajo de campo, lo cual se complica en un territorio tan extenso como accidentado. También piden a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacer público el documento completo.
Durante esta suerte de blanqueo terrorista, Pablo Catatumbo se reunió con al menos uno de los familiares de los 12 diputados del departamento del Valle del Cauca que fueron parte de los políticos secuestrados por la guerrilla.

Fue un suceso histórico, en el que miembros de las FARC, disfrazados de policías, se llevaron a la fuerza el 11 de abril de 2002 a los 12 legisladores del Valle del Cauca, en el oeste de Colombia, mientras participaban en una sesión de la Asamblea, en el corazón de Cali.

Cinco años después, en un confuso episodio, los captores masacraron a 11 de los diputados en respuesta a lo que creyeron era un asedio enemigo.