La inestabilidad política en Guatemala podría impedir la asunción del presidente electo
La fiscal general guatemalteca, Consuela Porras, acusada de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos impulsó una investigación criminal contra Bernardo Arévalo y su partido.
La convulsión política en Guatemala es tal que el presidente electo Bernardo Arévalo corre el riesgo de no poder asumir el cargo.
Cinco mensajes que publicó en redes sociales colocaron a Bernardo Arévalo ante la posibilidad de perder su inmunidad a menos de dos meses de asumir la presidencia.
Se trata, según medios informativos internacionales, del último episodio de una ofensiva judicial que hace temer un retroceso de la democracia en ese país de América Central.
Se retire o no la inmunidad, y si Arévalo asume el poder "gobernará cuesta arriba" con un Congreso en contra y una fiscal a quien el presidente de aquel país, por ley, no puede destituir", indicó un analista, indicó un analista consultado por el sitio France 24.
Allí entienden le "va a ser muy complicado gobernar, responder a las expectativas de la gente, que pide enfrentar a los corruptos y prestar atención a su situación socioeconómica".
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En Guatemala preocupa que el nuevo presidente "asuma cansado, desgastado e incluso con miedo".
No obstante, el presidente electo conservaría hasta el momento el apoyo de los Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA, con vistas a su asunción, prevista para el 14 de enero de 2024.
En efecto, la reprimenda internacional contra Guatemala aumentó el sábado pasado con observadores denunciando que el país se esfuerza por utilizar un sistema de justicia politizado para impedir que Arévalo tome el cargo.
La Fiscalía impulsó medidas para para despojarlo de su inmunidad procesal, acusándolo a él y a su compañera de fórmula de complicidad en la toma de una universidad en la Capital el año pasado.
Arévalo, un candidato anticorrupción elegido de forma abrumadora en agosto, calificó la medida de la fiscalía como "absolutamente ilegal", informó la agencia de noticias Reuters.
En un comunicado del sábado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenó las "incesantes acciones e injerencias indebidas" del Ministerio Público.
"Atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país", se leyó en el comunicado.
También Brian Nichols, alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, condenó la "solicitud maligna" de la oficina del fiscal general de despojar de inmunidad a Arévalo y a su vicepresidenta electa, Karin Herrera, en un mensaje en las redes sociales.
La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) publicó una declaración firmada por 29 exjefes de Estado de América Latina y España denunciando la "persecución" a Arévalo y Herrera, que tiene el "reiterado y evidente propósito de inhabilitar la manifestación soberana de los guatemaltecos, ya expresada a través de elecciones libres".
La fiscal general guatemalteca, Consuela Porras, acusada de corrupción por el gobierno de los Estados Unidos, es quien impulsó una investigación criminal contra Arévalo y su partido de centro izquierda Movimiento Semilla desde antes de su elección.