El Gobierno expresó su "profunda preocupación" por la detención de una activista de Derechos Humanos en Venezuela y pidió su liberación y la anulación de los cargos en su contra.

Se trata de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, de 57 años y nacionalidad venezolano-española: fue detenida acusada de estar vinculada a una supuesta conspiración que incluía el asesinato del presidente del país caribeño, Nicolás Maduro.

Frente a esta situación, la Casa Rosada, junto a los gobiernos de Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, manifestaron su "profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel".

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Estados Unidos: "Profunda preocupación" por una activista de DDHH detenida en Venezuela

Además, hicieron "un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados".

"De igual manera, rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo", concluyó el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.