Una moción de censura interpuesta por el Partido de la Izquierda ante un proyecto de ley que dejaría sin efecto la regulación de los precios de los alquileres en inmuebles nuevos, vigente desde hace décadas, provocó la primera derrota que sufre un jefe de Gobierno sueco en ejercicio, el socialdemócrata Stefan Löfven, en toda la historia.

Vencido el plazo de 48 horas para que "reconsiderara" el nuevo proyecto de ley, este lunes, el Parlamento causó la caída del Ejecutivo de centroizquierda, juntando en su contra 181 votos tanto de la derecha como del partido más izquierdista.

Löfven reunió 109 a favor y hubo 51 abstenciones.

El Partido de Izquierda proviene del PC sueco y no integró la coalición de socialdemócratas y verdes, aunque con su abstención le facilitó en 2019 la llegada al poder. 

Pero el jueves pasado le terminó de retirar la confianza y emplazó al primer ministro a convocar elecciones anticipadas o renunciar y dar paso al presidente del Parlamento a fin de que abriera las negociaciones para formar un Gobierno alternativo.

Será en todo casi interino hasta septiembre del año que viene y, por más que se anticipen elecciones, la Constitución sueca igual establece que los comicios ordinarios se lleven a cabo cada cuatro años.

En tan precario equilibrio político, la desregularización del alquiler fue el detonante, y el Partido de la Izquierda cumplió la promesa de hacer caer al Gobierno. 

No hizo caso al argumento esgrimido por el Ejecutivo de que la reforma estaba incluida en el denominado 'Acuerdo de Enero', firmado en 2019 con el Partido de Centro y los Liberales, que llevó a   Löfven al poder. 

Del ultimátum se hizo carne el partido populista y xenófobo Demócratas de Suecia —que también estaba en contra de la desregularización de los alquileres y presentó su propia moción-, al que se le unieron los otros dos partidos de derechas, conservadores y democristianos, a pesar de estar a favor de la reforma.

En todo caso, los defensores de la desregularización de los alquileres esgrimen que el límite en los precios ahuyenta la construcción de nuevas viviendas, especialmente de pisos pequeños, porque son menos rentables. 

Al mismo tiempo, aducen que el crecimiento de la población, especialmente en las ciudades, llevó a una importante escasez de vivienda. 

Las esperas por un contrato de alquiler de primera mano pueden alargarse por años (en Estocolmo superan los 10), lo que supone que muchos inquilinos terminan viviendo en pisos subalquilados. 

Es legal y también supuestamente está regulado, pero la alta demanda hace que estas viviendas se alquilen por precios muy superiores, con beneficio para los primeros inquilinos. 

En la polémica, los partidos que apoyaban la desregulación argumentaban que liberalizar el alquiler estimulará la construcción de vivienda y contribuirá a reducir la escasez actual. 

A lo que el Partido de la Izquierda y la Asociación Sueca de Inquilinos se opusieron, al afirmar que dejará a los inquilinos desprotegidos. Aseguran, además, que supone el primer paso para la desregularización del alquiler en general, aunque el Gobierno insistió en que la reforma afectará solo a las viviendas de nueva construcción, que comprenden el 1% de los nuevos contratos de alquiler firmados cada año en Suecia.