La Corte Internacional de Justicia confirmó el viernes que ha recibido oficialmente una petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas para que emita una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Se espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) elabore una lista de Estados y organizaciones que podrán presentar declaraciones por escrito, pero el comunicado de prensa no dio más información sobre un calendario para ese proceso. En anteriores opiniones consultivas, el tribunal también programó audiencias, pero es probable que pasen al menos varios meses antes de que puedan programarse.

La CIJ, con sede en La Haya, es el máximo tribunal de la ONU que se ocupa de las disputas entre Estados. Sus sentencias son vinculantes, aunque la CIJ no está facultada para ejecutarlas.

En una medida condenada por Israel y bien acogida por los palestinos, la Asamblea General pidió el mes pasado a la CIJ que emita un dictamen consultivo sobre las consecuencias jurídicas de "la ocupación, los asentamientos y la anexión [...], incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de la adopción por Israel de leyes y medidas discriminatorias conexas".

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La resolución de la ONU también pide a la CIJ que asesore sobre cómo esas políticas y prácticas "afectan al estatuto jurídico de la ocupación", así como qué consecuencias jurídicas se derivan de ese estatuto para todos los países y para las Naciones Unidas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado de "decisión despreciable" la petición de un dictamen a la Corte Internacional de Justicia.

La última vez que la CIJ se pronunció sobre el conflicto entre Israel y los palestinos fue en 2004, cuando dictaminó que un muro de separación israelí era ilegal. En la misma sentencia, los jueces de la CIJ afirmaron que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado "se han establecido en violación del derecho internacional". Israel rechazó esa sentencia, acusando al tribunal de tener motivaciones políticas.

(Reporte de Stephanie van den Berg; edición de Frances Kerry; editado en español por Darío Fernández)