La candidata presidencial Keiko Fujimori, quien continúa a la expectativa del escrutinio luego de la elección que la enfrentó con Pedro Castillo, se veía expuesta este jueves a la prisión preventiva, acusada por un fiscal anticorrupción. 

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó al juez Víctor Zúñiga Urday revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra ella y se imponga prisión preventiva en su contra. 

La ex congresista es acusada por el presunto delito de lavado de activos.

De acuerdo con el pedido, al que pudo acceder el diario El Comercio, el fiscal sostiene que la candidata de Fuerza Popular viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior, en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, señala en el requerimiento.

Keiko había salido en libertad bajo fianza, añaden informaciones procedentes de la nación sudamericana.

Mientras tanto, el padre de Keiko, Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, regresó el pasado 21 de marzo a la prisión donde cumple una condena por delitos de lesa humanidad tras haber pasado una noche en una clínica privada por problemas respiratorios. 

En esa ocasión, los médicos descartaron inicialmente el coronavirus como causa de esas complicaciones respiratorias. 


Desde que está en prisión, Fujimori fue trasladado a clínicas en varias ocasiones por diferentes males crónicos propios de su avanzada edad, como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular paroxística y unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta seis veces.

El expresidente es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de una base policial en Lima, donde cuenta con unas condiciones privilegiadas respecto al resto de los presos del país, ya que su celda tiene tres ambientes donde recibe numerosas visitas semanalmente y asistencia médica permanente.

Por ese motivo, por considerar que allí no hay posibilidad de hacinamiento ni de contagio, un tribunal denegó en mayo de 2020 un recurso de la familia que pedía la excarcelación de Fujimori debido al supuesto riesgo de contraer coronavirus.

Allí todavía le quedan por purgar unos 12 años de condena, por lo que no saldría en libertad hasta 2033, cuando tenga 95 años.

Al estar condenado por delitos de lesa humanidad, Fujimori no tiene beneficios penitenciarios como libertad condicional o el derecho a un indulto ordinario.

En 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario pero fue anulado por la Justicia por irregularidades en el proceso y bajo sospechas de que se tratara de un intercambio de favores para que el entonces mandatario evitara ser destituido por el fujimorismo en el Congreso.

Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato de los asesinatos de 25 personas, entre ellas un menor, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

También por los secuestros de un empresario y un periodista durante el autogolpe de estado que dio en 1992, cuando disolvió el parlamento e intervino la Justicia.

Por otra parte existe una más reciente acusación contra el exmandatario por el caso de las esterilizaciones forzadas que se practicaron durante su mandato a más de 200.000 mujeres.