El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido puesto en jaque por la oposición de su país y el Poder Judicial.

Según la Justicia de aquella nación, la vigenia del mandato expiró.

Pero la oposición ya nombró a un magistrado a un "presidente de la transición".

De esta manera, la crisis política del país aumenta en un contexto de violencia, secuestros y altos índices de corrupción, describe la situación el sitio France24.com

Moïse, sin embargo, se niega a dejar el cargo. 

Y así, la crisis política en Haití va en aumento.

La oposición nombró "presidente de la transición" al juez Joseph Mecène Jean Louis, miembro del Tribunal de Casación desde 2011.

"Acepto la elección de la oposición y de la sociedad civil para poder servir a mi país como presidente interino de la transición de la ruptura. Que Dios se apiade de la nación haitiana", dijo Mecène a través de un vídeo difundido por la agencia de noticias AFP.

El controvertido dirigente fue acusado de intentar prolongar su mandato por un año después de hacer una interpretación de la Constitución que sus críticos denuncian como ilegítima.

El desacuerdo surgió a raíz de la elección de Moïse, quien fue votado para el cargo en 2015 en unos comicios posteriormente anulados por fraude y volvió a ser elegido un año después, en 2016.

Por su parte, el presidente denunció un intento de golpe de Estado perpetrado por la oposición y aseguró que no se iría del poder hasta el año próximo, fecha en la que aseguró que terminará su Presidencia.

"No soy un dictador, mi mandato termina el 7 de febrero de 2022", aseguró. 

El opositor André Michel, integrante de la organización política Sector Democrático y Popular, desestimó la idea golpista al asegurar que "si ya no es presidente, no se puede hablar de golpe de Estado".

La crisis social y política del país se acentuó este domingo con manifestaciones en contra de Moïse en tres ciudades del país y con la detención de más de 20 personas, a quienes el Gobierno acusó de haber participado en un complot para derrocar y “asesinar” al presidente.

Fueron detenidos, entre otros, el juez de la Corte de Casación Ivickel Dabrésil y una inspectora general de la Policía.

Mientras tanto, el hartazgo de la población haitiana es un tema de largo recorrido.

Tras años soportando hambre, pobreza y cortes de electricidad diarios, los haitianos aseguran que su país, el más pobre del hemisferio occidental, se encuentra peor que nunca, con un Gobierno incapaz de proporcionar los servicios básicos.

A lo que se suma el problema de la violencia y la epidemia de secuestros que viene azotando al país desde comienzos del 2020.

Muchos ciudadanos evitan salir a la calle, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, por temor a que las pandillas los secuestren, alentadas por el alto índice de impunidad y poder que tienen en el país caribeño.

Sobre la alarmante situación de Haití, Moïse admitió que fracasó  en el objetivo de estabilizar a la deprimida nación, aunque culpó de "todos los males del país" a la "mafia criminal dentro del Estado" y a los "oligarcas corruptos", a quienes prometió seguir enfrentando durante un discurso el pasado domingo.

El mandatario gobernó por decreto presidencial desde el año pasado, tras suspender a dos tercios del Senado, a toda la Cámara de Diputados y a todos los alcaldes del país.

Actualmente, Haití sólo cuenta con 11 cargos electos para representar a sus 11 millones de habitantes.

Moïse se ha negado a celebrar elecciones en los últimos cuatro años.

Además, en su agenda para el próximo año, figura celebrar un referendo para modificar la Constitución, una votación cuya legitimidad genera dudas entre la oposición.

Sus disidentes han amenazado con proseguir con las manifestaciones que se han alzado en su contra durante semanas si el presidente no abandona el poder y da lugar a un periodo de transición. La amenaza se blinda con el alto descontento social hacia el mandatario en una nación en la que más del 60% de sus ciudadanos viven en riesgo de pobreza.

No obstante, los expertos estiman que la permanencia de Moïse en el poder es el escenario más probable debido a la fragmentación de la oposición y al temor de los ciudadanos a enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas policiales.

Los haitianos sospechan que la proliferación de las pandillas en el último año tiene que ver con la colaboración del Gobierno con los grupos criminales, ya que al principio se limitaban a atacar las zonas lideradas por la oposición, pero, con el aumento de su poder, ahora están presentes en la mayor parte del país.

En diciembre de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los aliados cercanos de Moïse, incluido el antiguo director general del Ministerio de Interior, por proporcionar protección política y armas a las bandas que atacaban zonas de la oposición.

Entre los ataques destacan especialmente los de mayo del año pasado, en los que las pandillas violaron a mujeres e incendiaron casas de varios barrios de Puerto Príncipe.

El Gobierno niega cualquier tipo de vínculo con los grupos criminales.

Sin embargo, recientemente Estados Unidos respaldó a Jovenel Moïse y dijo que el mandatario solo debía abandonar el Gobierno cuando se celebraran nuevas elecciones. 

Mientras, el país sigue sumido en una profunda crisis política y social de la que no se vislumbra un final cercano.