El Canal de la Mancha es el epicentro de un foco de tensión continuo desde hace cinco años, que en las últimas horas se reavivó, entre Francia y el Reino Unido: arriba del agua, por el rechazo del gobierno de Boris Johnson a las solicitudes para faenar de la mayoría de barcos pesqueros galos que las habían solicitado, y debajo, por la amenaza de represalia del vecino continental mediante el corte del suministro eléctrico submarino al territorio británico.

El gobierno de Londres anunció el mes pasado que había aprobado solo 12 de las 47 peticiones que recibió de pequeñas embarcaciones francesas.

Esa furia se avivó aún más en un anuncio posterior del gobierno de Jersey de que de las 170 solicitudes de licencia que había recibido de barcos franceses, 75 habían sido rechazadas.

La disputa, asimismo, retrasó las negociaciones sobre la autorización de acceso a las boyantes empresas financieras británicas al mercado de la UE y llevó al despliegue de buques de guerra en Jersey, cuando los pescadores franceses bloquearon brevemente el puerto principal de la isla.

Fue en ese contexto que la administración de Emmanuel Macron endureció su discurso contra Reino Unido y hasta propuso ante la Comisión Europea que sea "más firme" para que Londres cumpla los compromiso del acuerdo del Brexit.

Desde las negociaciones sobre el Acuerdo de Retirada bitánica del bloque comunitario, la pesca viene suscitando controversias entre los países de ambas márgenes del canal.

Los franceses históricamente pescan en la zona territorial de las islas del Canal que pertenecen al Reino Unido, lo cual es leído desde Lóndres como un símbolo de ejercicio de soberanía y desde la otra orilla, lo ven como una cuestión electoral de primer orden.

El tira y afloje llegó a un punto que Bruselas, cabecera de la UE, advirtió que si no permiten pescar a los franceses, los pescadores británicos no podrán vender sus capturas en el mercado europeo.

Sanciones sobre la energía

Pero a todo esto París ya había redoblado la presión. El ministro de Asuntos Europeos francés, Clement Beaune, declaró esta mañana que, en las actuales circunstancias de alta demanda en la Unión Europea, Francia podría reducir su suministro de electricidad al Reino Unido, que es dependiente neto de esta energía.

El funcionario mencionó en una entrevista que le hizo la emisora Europe 1 que, entre las ideas que caben "imaginar", están las "sanciones sobre la energía", que consisten en la posibilidad de limitar el suministro eléctrico que recibe Reino Unido a través de tres cables instalados bajo el canal.

Sostuvo: "Reino Unido depende de nuestra energía y de nuestras ventajas de exportación", y dejó entrever esa represalia si la crisis no se puede resolver "diplomáticamente".

EDF Energy, de propiedad estatal francesa, produce alrededor de una quinta parte de la electricidad del Reino Unido a partir de sus centrales nucleares, parques eólicos, centrales eléctricas de carbón y gas.

La compañía abastece a más de cinco millones de clientes comerciales y residenciales y es el mayor proveedor de electricidad por volumen en Gran Bretaña.

Cualquier interrupción de ese suministro presionaría aún más el vulnerable mercado energético británico.

"Creen que pueden vivir solos y además hablar mal de Europa. Y como no funciona, se dedican a proclamarse superiores de una manera agresiva", dijo Beaune.

"El Brexit demostró ser un gran fracaso del populismo", sentenció.

El ministro del Brexit, Lord Frost, emitió una fecha límite en noviembre para que el Reino Unido y la UE acuerden cambios en los acuerdos posteriores al Brexit en Irlanda del Norte, conocidos como el Protocolo de Irlanda del Norte, otro foco de permanente conflicto.

El par conservador está buscando negociaciones con la UE sobre el futuro del Protocolo, pero les dijo a los miembros conservadores que aún no tenía noticias de Bruselas sobre las propuestas que publicó en julio.

Sostuvo que habría un "punto de decisión probablemente a principios de noviembre" sobre si el Reino Unido debería activar o no el artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte.

Esto haría que el Reino Unido suspenda unilateralmente el Protocolo.