La Fiscalía General de Bolivia informó este jueves que fue presentada una acusación formal contra nueve exfuncionarios del Gobierno de facto de Jeaniene Áñez implicados en la compra irregular de gases lacrimógenos para la policía en 2019.

“La Comisión de Fiscales presentó ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de nueve personas implicadas en el proceso de contratación irregular de adquisición de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Defensa, efectuado a finales de la gestión 2019”, indicó el fiscal general Juan Lanchipa.

Según la declaración del fiscal, esta acción costó al Estado unos 16 millones de bolivianos (2,3 millones de dólares aproximadamente) y, entre los implicados, están los exministros de facto de Gobierno Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

Durante una rueda de prensa, Lanchipa indicó que la acusación está basada en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales.

“Los delitos atribuidos a los acusados son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”, entre otros, precisó.

La Fiscalía General solicitó una sentencia condenatoria y pena máxima para los acusados de diez años de prisión, además de considerar las agravantes. Ahora esperan que la autoridad jurisdiccional anuncie el inicio de juicio y que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acosados no impida el su desarrollo.

Además de Murillo y López, también está acusado el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, quienes están declarados en rebeldía, así como el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berman.

Se suman el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López, y el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico de ese ente, Alex Camacho; el exdirector de Logística; Pedro Rea, la exdirectora general de Asunto Administrativos, Ruth Palomeque; y el exresponsable de artículos clase cinco del referido Ministerio, Denis Vera.

En los primeros meses del Gobierno de facto, el Ministerio de Defensa compró gases lacrimógenos a la empresa brasileña Cóndor, con intermediación de la compañía Bravo, y la transacción se realizó con sobreprecio.

Durante el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, las acciones violentas de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones dejaron alrededor de 35 decesos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados.