El gobierno de Estados Unidos, bajo la gestión del presidente Donald Trump, realizó la primera ejecución en 17 años de un hombre condenado por la Justicia Federal de ese país, luego de que el Tribunal Supremo anulara la objeción de una jueza al procedimiento aplicado en la pena de muerte.

Las autoridades en la prisión federal de Terre Haute (Indiana) ejecutaron este martes a Daniel Lewis Lee, un exsupremacista blanco que fue condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de una familia en Arkansas.

En 1996, Lee y otros cuatro miembros de una organización supremacista mataron al traficante de armas William Mueller, su mujer y la hija de ambos, de tan solo 8 años.

De acuerdo con la Fiscalía, robaron armas y 50.000 dólares en efectivo para llevar a cabo sus planes de establecer una nación blanca.

Lee, que fue condenado a pena de muerte en 1999, finalmente ha sido ejecutado a las 8.07 (hora local) de este martes con una inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana.

"He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente”, afirmó el condenado a pena de muerte en su declaración final.

Ayer, la jueza federal de Washington, Tanya Chutkan, había emitido un dictamen en respuesta a la apelación de cuatro condenados a muerte, indicando que el nuevo protocolo para la ejecución de la pena capital probablemente viola la Octava Enmienda de la Constitución.

Esta enmienda dice que a los presos no se les puede someter a "castigos crueles o inusitados".

Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, votó este martes temprano en un fallo de 5-4 y revocó la suspensión que había decretado la jueza, aprobando de esta manera que las primeras ejecuciones a nivel federal desde 2003 sigan realizándose en el penal de Terre Haute, Indiana.

“Ley y orden”, escribió Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1282892191082385408

La jueza Chutkan aseguró en su fallo que había pruebas suficientes de que el fármaco letal empleado en la ejecución, el pentobarbital, “produce sensaciones de ahogamiento y asfixia” y causa “dolor extremo, terror y pánico”.

Los tribunales estadounidenses habían puesto bajo revisión el nuevo protocolo para las ejecuciones federales, en las que ahora se debe emplear solamente el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios fármacos que se usaba antes, y que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.

Esta era la segunda vez que la magistrada de la capital estadounidense emitía un fallo sobre el asunto, después de que en noviembre pasado rechazara ya las ejecuciones por este procedimiento, una decisión que luego fue revocada por un tribunal de apelaciones.

El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se había negado a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y para agosto, la primera de ellas la de Daniel Lewis Lee.

La última ejecución federal antes que la de Lewis Lee había tenido lugar en 2003 y actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).

El fiscal general de EE.UU., William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.

La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.

De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país y durante estos días hubo manifestaciones en contra de la ejecución de Lee.

El DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que “desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas”.

Fuente: La Vanguardia y Europa Press