La edición para América Latina de El País es terminante en cuanto a que la sociedad civil alertó a EE UU que debería desconfiar del  plan de protección al medioambiente anunciado por el gobierno brasileño, a condición de recibir millones de dólares en ayuda internacional.

Está fresco aún en el recuerdo que a fines de 2018 canceló la COP25 que tendría lugar en Brasil, pero además que su declamada desconfianza hacia las instituciones globales le había hecho pensar en abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que la actual cumbre reivindicó pero para ser implementado, y asimismo atacó al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) por las estadísticas de deforestación supuestamente manipuladas. Todo ello sin contar que recortó fondos para programas de protección climática.

Ya se había comprometido a reducir en un 80 por ciento la reforestación y deforestación, en comparación con el promedio del periodo 1996-2005. 

Para 2020, según anunciara, la deforestación debería ser de 3.900 kilómetros cuadrados por año como máximo. Pero en realidad, desde agosto de 2018 hasta julio de 2019, se taló casi el triple: 9.762 kilómetros cuadrados. Y de agosto a octubre de este año, ya se cumplió lo que se había estimado para el período hasta julio de 2020.

Su compatriota, Roberto Azevedo, ex titular de la Organización Mundial del Comercio, había anticipado que el año pasado no se cumplirían las metas por una gran diferencia. 

Y el objetivo de reducir la deforestación ilegal en la Amazonía a cero para 2030, firmado en el Acuerdo de París hace 6 años, está también amenazado, ya que el 90 por ciento de la deforestación es ilegal.  

The New York Times, junto con la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer, transmite el descrédito que despertó el rol que quiso asumir Brasil en la cumbre convocada por Joe Biden para frenar el calentamiento global, al asegurar que pondría fin a la deforestación ilegal para 2030, siempre que la comunidad internacional destine miles de millones de dólares para pagar las iniciativas de conservación.

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La gestión de Bolsonaro había ido en dirección contraria: destruyó el sistema de protección ambiental del país, socavó los derechos de los indígenas y defendió a las industrias que impulsan la destrucción de la selva tropical, todo ello con la aquiescencia del entonces presidente de EEUU, Donald Trump, la cual le dio un paraguas por dos años para no preocuparse por su reputación de villano ambiental.

Los madereros que despejan la tierra para el pastoreo de ganado y para las operaciones mineras ilegales impulsaron la destrucción y en 2019 causaron indignación en el mundo, mientras los incendios forestales atraían la atención del planeta entero durante semanas.

Bosques: el año pasado se perdió una superficie equivalente a la de Holanda

El relevo en la Casa Blanca subió de plano la temática ambiental en EEUU y la Unión Europea, Noruega y otros se acoplaron a las renovadas presiones que se ejercieron al Planalto.

Hubo encuentros con el ministro de Medioambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, que buscaron preparar el terreno para la reunión del clima que acaba de realizarse.

Los ecologistas locales encararon intensas campañas de advertencia a la nueva Administración demócrata para que no confiaran en Bolsonaro, quien tomó debida nota de que Biden había declarado durante un debate que intentaría recaudar US$20.000 millones para salvar la Amazonia, y reaccionó en ese momento calificándola de “amenaza cobarde contra nuestra integridad territorial y económica”.

Pero al final el 14 de abril le envió una carta de 7 páginas, en la cual consignó que “nos enfrentamos a un reto de enormes proporciones, con el aumento de las tasas de deforestación en la Amazonia”, y destacó que era inmerecida la reputación que le habían hecho a Brasil de malhechor del medioambiente.

En ese contexto fue que el gobierno brasileño manifestó estar encantado de conseguir los US$20.000 millones propuestos por Biden, los que consideró “proporcionales a los retos que tenemos en la Amazonia”.

Mucho tiene que ver también en este recálculo la crisis sanitaria y económica que profundiza la pandemia de COVID-19, la que sigue matando a miles de brasileños cada día, pero en general se descree de la voluntad política para reencauzarse en la senda ambiental.

El gobierno dispone de recursos específicos para aplicar, como un fondo para esfuerzos de protección de la Amazonia que Noruega y Alemania congelaron en 2019, después que fueran desmanteladas las salvaguardias para garantizar que el dinero se utilizara de manera efectiva.

De todos modos, hay indicios, según NYT, de que Biden estaría dispuesto a ofrecer financiación para la deforestación a una escala significativa, lo cual requeriría el apoyo del Congreso.

Luego de la cumbre no se anunció acuerdo bilateral con Brasil alguno. Se esperarán medidas tangibles y señales políticas de que Bolsonaro se propone combatir la deforestación ilegal y que no habrá tolerancia con la invasión. Se esperanzan, aunque no con mucho entusiasmo, en que habrá algún avance real en disminuir la deforestación, que suele comenzar alrededor de agosto, para el final de la temporada de incendios de 2021.

El Observatorio del Clima advirtió que el presupuesto anual recientemente presentado al Congreso contiene el nivel más bajo de financiación para los organismos ambientales en dos décadas.

Aun cuando se cumpliera el primer objetivo del gobierno de reducir la deforestación, a finales de 2022 Brasil seguiría teniendo un un nivel de depredación 16 por ciento más alto que el que Bolsonaro heredó en 2019.

Asimismo, trascendió que el gobierno de Bolsonaro apoya un proyecto de ley que daría amnistía a los acaparadores de tierras, una medida que abriría una franja de la Amazonia al menos del tamaño de Francia a un desarrollo en gran medida no regulado.

Otra iniciativa que impulsa en el Congreso facilitaría a las empresas la obtención de licencias ambientales y allanaría el camino para las operaciones mineras legales en los territorios indígenas.

Los líderes del sector privado están entre los más preocupados por el historial del gobierno en materia de medioambiente: China compra casi un tercio de las exportaciones de Brasil y los estadounidenses son inversores cruciales en empresas cuyas cadenas de suministro son vulnerables a la deforestación.

Así lo hicieron saber en una carta abierta los responsables de decenas de grandes empresas brasileñas, entre ellas el frigorífico JBS y el banco Itaú, las que instaron al gobierno a establecer objetivos más ambiciosos de reducción de las emisiones de carbono.