El 6 de junio es la segunda vuelta electoral de las elecciones en Perú, luego de que los candidatos Pedro Castillo, del izquierdista Perú Libre, y Keiko Fujimori, de la derechista Fuerza Popular, registraran un empate técnico. Esa fecha, más de 25 millones de peruanos deberán elegir al presidente que sustituirá a Francisco Sagasti, el interino que asumió en 2020, en un contexto de crisis institucional que enfrentó el país, tras la irregular destitución de Martín Vizcarra y el corto mandato de Manuel Merino, que debió abandonar el cargo por la protesta social.

Los comicios serán la oportunidad para que el país recupere la estabilidad democrática, tras años de anormalidad política. La crisis institucional tuvo uno de sus mayores hitos en 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia para evitar un inminente juicio político, acusado de cargos de corrupción, cuando apenas llevaba menos de dos años en el cargo.

Castillo y Fujimori pasaron a la segunda vuelta luego de las elecciones del pasado 11 de abril, que estuvieron marcadas por la dispersión de candidatos y de votantes. La figura de Perú Libre sorprendió, ya que se impuso en el primer puesto con el 19 % de los votos, mientras que un escaso 13,4 % de los sufragios le bastó a la hija del expresidente Alberto Fujimori para seguir en carrera.

Después de años de profundo descrédito de la política, ambos candidatos que pasaron al balotaje tuvieron un bajo respaldo, ninguno de los dos logró llegar, en suma, al 40 % del total de votos, una cuestión inédita en la historia reciente del país andino.

La última encuesta de la consultora Ipsos señala que semanas después de la primera vuelta, la brecha entre Castillo y Fujimori se achica, con una intención de voto del 51,1 % para el primero y del 48,9 % para la segunda. 

Los votantes deben elegir entre el nuevo candidato, al que señalan de comunista, y la hija de Alberto Fujimori, que representa la corrupción enquistada en la desprestigiada clase política del país. Ella misma está acusada de lavado de dinero, en un juicio que comenzará en las próximas semanas y que quedaría en suspenso, en caso de que gane los comicios.

Quien se quede con la presidencia no tendrá un panorama fácil, ya que los comicios de abril dejaron un Congreso fragmentado, sin mayorías absolutas. De los 130 escaños que estaban en juego, la alianza de Castillo se quedó con 37 y la de Fujimori con 24. El resto se divide entre las fuerzas cuyos candidatos no llegaron a la segunda vuelta y que, en su mayoría, apoyan a la heredera del fujimorismo.

Castill es maestro rural y líder sindical. Tiene 51 años, se ha autodefinido como militante de la izquierda marxista y ganó con un discurso tildado de radical solo porque proponía transformaciones de fondo, como la creación de una Asamblea Constituyente y la puesta en marcha de políticas económicas opuestas por completo al neoliberalismo, con predominio del papel del Estado.

Su plan de estatizar la minería, el gas y el petróleo alarmó a la élite peruana, al igual que sus críticas al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones. Por el contrario, mantuvo su costado conservador al rechazar la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el camino hacia la segunda vuelta, las críticas en su contra se recrudecieron, sobre todo en la capital del país, en donde Fujimori es la favorita de la clase política que ve en Castillo un promotor del estatismo. En cambio, los principales bastiones electorales del candidato de Perú Libre siguen siendo las regiones y, especialmente, las zonas rurales.

Fujimori, que cuenta con el respaldo de la élite política de Perú y buena parte de los medios, ha logrado un drástico incremento en su intención de voto en esta tercera campaña presidencial con respecto a Castillo, considerado un 'outsider' surgido del país profundo.

Las polémicas con la candidata son permanentes, ya que insiste en que, en caso de triunfar, una de sus primeras medidas como presidenta será la de indultar a su padre, quien está preso, condenado por delitos de lesa humanidad y de corrupción.

Además, este año comenzó un nuevo juicio contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas y masivas que aplicó durante su Gobierno, pero esta semana su hija negó que las intervenciones se hubieran llevado a cabo y afirmó que solo formaban parte de un programa de planificación familiar.

Esta semana, ambos candidatos firmaron un compromiso en defensa de la democracia y el Estado de derecho, con miras a desescalar los temores que se ciernen entre los electores, ya que la aspirante de la derecha arrastra el peso del legado del fujimorismo, mientras que Castillo ha sido demonizado con los fantasmas del "comunismo", al ser el abanderado de la izquierda.

Los dos candidatos, que representan las antípodas de proyectos políticos, se presentaron esta semana de manera conjunta en un evento en el que afirmaron que, en caso de ganar, respetarán los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa, y cumplirán con su mandato de cinco años, sin intentar alargar su permanencia en el poder a través de alguna reforma constitucional.

En un intento de mostrar madurez política e idoneidad para el cargo, también se comprometieron a respetar tratados internacionales, la institucionalidad de la Policía y de las Fuerzas Armadas y la independencia de los poderes del Estado.

El próximo desafío serán los debates presidenciales que se realizarán el 23 y el 30 de mayo, ya que serán los últimos esfuerzos para convencer al electorado antes de que el 6 de junio tengan que volver de nuevo a las urnas.

Fuente: RT