El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, incurrió en "crímenes contra la humanidad" y "favorecer la pandemia" con sus expresiones negacionistas ante una infección que mató a más de 600.000 personas en el país vecino, concluyó el informe de una comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria, presentado el miércoles 20 de Octubre.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la acusación asentada en el borrador, porque de eso se trata, es la primera versión de un reporte que la próxima semana se discutirá en el Comité del Senado donde puede llegar a ser enmendado y corregido para, luego, intentar ser aprobado por la mayoría de los once miembros del comité que investiga el accionar del poder ejecutivo durante la pandemia de coronavirus, aún vigente según la OMS, que golpeó a Brasil con singular crudeza, podría no haber ninguna consecuencia penal para el actual Presidente brasilero.

El informe presentado ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI),  fue redactado por el senador opositor, Renan Calheiros, instructor del grupo, e incluye como acusados a cuatro ministros y a otras 67 personas, y denuncia a Jair Bolsonaro por otros ocho delitos, entre ellos, los tipificados como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica e incitación al delito.

Principalmente, el informe acusa al gobierno del mandatario de derecha, de exponer de manera deliberada a los brasileños a la infección al actuar con enorme lentitud y elegir una estrategia sanitaria de alto riesgo destinada a crear inmunidad de rebaño al tiempo que minimizó el beneficio de una política de vacunación activa de la población.

El senador Calheriros acusó a Bolsonaro de producir "un deliberado atraso en la adquisición de vacunas", y especificó que "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo, que asesoraba al gobierno, con la intención de inmunizara a la población mediante el contagio natural, dando prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y, además,  se desestimularon las medidas no farmacológicas", como la utilización de tapabocas y la implementación de medidas de distanciamiento.

En el documento se mencionan otros cargos como prevaricato, un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, falsificación de documentos públicos, uso irregular de dinero público y atentados contra la dignidad del cargo.

Ahora bien, si el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, debiera mostrarse inquieto por algunas de las acusaciones señaladas en este informe, de carácter político no judicial, sus preocupaciones podrían aumentar con el segundo grupo de acusaciones citadas. 

Quizá el mérito de la desmesurada acusación de crímenes contra la humanidad, de muy difícil aceptación por carecer de base legal, posea en su investigación, los hechos que pueden generarle numerosos procesos judiciales de índole penal a Bolsonaro porque quedaron al descubierto las redes de corrupción que rodearon las compras de vacunas e insumos médicos, en las que se han visto implicados, otros políticos oficialistas, funcionarios del actual gobierno brasileño e inclusive, como suele suceder en países donde rige el concepto de "capitalismo de amigos", muchos empresarios pro gubernamentales que suelen aportar en las campañas políticas.

Los oficialismos en todo el mundo han sufrido la furia de sus votantes que se ha visto reflejado en resultados adversos en las elecciones por el mal manejo de una pandemia que no estaba en los planes de nadie. El caso paradigmático de esta situación se encuentra en la derrota de Donald Trump en la principal potencia del mundo, Estados Unidos.

Todo indica que Jair Bolsonaro podría seguir los pasos de derrota electoral de Trump en el futuro próximo y una vez que se encuentre en el llano de la política, sus funcionarios  y él mismo, podría  ser procesado por la justicia ordinaria por hechos de corrupción y prevaricato. E inclusive, podría investigarse, las razones por las que el Covid-19 generó muchas más muertes entre la población amazónica que en otros estados de Brasil.

Las denuncias contra Jair Bolsonaro por genocidio de la población indígena, fueron retiradas en el último momento bajo la presión de senadores críticos con la actuación del mandatario brasileño porque no había base legal alguna para llevar adelante una acusación que, en algún punto. comenzaba  a mostrarse más cercana a los Juicios de Núremberg, donde se investigaron crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión contra otros países de parte de la jerarquía nazi al termino de la segunda guerra mundial, que al análisis deficiente de la actuación de un gobierno ante la aparición de un "cisne negro" como representó la pandemia de coronavirus a fines del año 2019.

Por otra parte, Bolsonaro aún maneja resortes importantes en la Justicia que lo alejan de una condena por cargos  tan graves. En el sistema judicial brasileño corresponde  al Ministerio Público comprobar si existen pruebas sólidas para llevar adelante la acusación del informe final que deberán presentar los integrantes de la comisión del Senado. 

Y, el titular del Ministerio Público, el fiscal Augusto Aras, fue designado por el propio Bolsonaro en 2019 y, desde entonces, ha demostrado ser un escudo protector de las acusaciones contra el polémico político que rige los destinos del principal socio de la Argentina.

El informe contra Bolsonaro tiene un impacto mayor en la política electoral que en el ámbito judicial pero, en sus detalles, esconde los puntos por los que el actual mandatario puede sufrir consecuencias penales que terminen por emular la estancia en prisión que , en su momento, sufrió su némesis, Luis Inácio Lula Da Silva.

Por Antonio D'Eramo