Al anunciar sorpresivamente en la noche del domingo el desplazamiento del primer ministro, Hichem Mechichi, la suspensión del Parlamento y el retiro inmediato de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados, el presidente tunecino, Kais Said, decidió alejarse del proceso democrático iniciado tras el fin de la dictadura de Ben Alí durante la primavera árabe.

Justificó la medida en la necesidad de "recuperar la paz social y salvar el Estado y la sociedad" después de una jornada de protestas especialmente intensa, la enésima consecutiva.

Al término de una reunión urgente con altos cargos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, declaró que "la Constitución no me da la posibilidad de disolverlo (el Parlamento), pero no me impide suspenderlo" y asimismo anunció que se arroga poderes totales del Ejecutivo, aunque prometió que nombrará un nuevo primer ministro que quede bajo su mando.

Aseguró hacer uso del artículo 80 de la Constitución, que recoge que, "en caso de peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país, el presidente de la República puede tomar las medidas necesarias por las circunstancias excepcionales tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento".

Agregó: "Advierto a quien esté pensando en recurrir a las armas... Cualquiera que dispare una bala, las fuerzas armadas responderán con balas".

Las consignas que reclamaban la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas provenían de muchos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, quienes también irrumpieron en varias oficinas del movimiento islamista Ennahda, la fuerza mayoritaria en el Parlamento.

Sus autoridades denunciaron el ataque, señalando que "bandas criminales" estaban tratando de "sembrar el caos y la destrucción al servicio de una agenda destinada a dañar el proceso democrático tunecino".

El líder del partido Ennahda y rival político de Said, Rached Ghannouchi, acusó al presidente de dar "un golpe de Estado" contra "la revolución y la Constitución", siendo por ahora el único en pronunciarse en contra del golpe de fuerza del presidente.

Desde comienzos de año, el país magrebí atraviesa por un bloqueo institucional después que el Parlamento apoyara la remodelación del Ejecutivo, con cambios en 11 de sus 25 carteras, y que el presidente, Kais Said, se negara a aceptarla, al considerar que no fue consultado previamente y debido a las sospechas de conflicto de intereses que sobrevuelan por la reputación de algunos de los nuevos miembros.

La grave crisis económica que arrastra el país en los últimos años, agravada por la epidemia, obligó al Gobierno tunecino a pedir ayuda a la comunidad internacional ante la falta de vacunas y de equipos médicos para hacer frente a esta cuarta ola de coronavirus, que suma ya más de 18.000 víctimas que, según la Organización Mundial de la Salud, constituye la tasa más alta de mortalidad del continente africano.

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