El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y sus familiares no aparecieron en los documentos desclasificados del regulador de empresas del país, dijo el
miércoles la entidad, refiriéndose a los archivos que los legisladores de la oposición habían buscado para apuntalar un posible juicio político.

La Asamblea Nacional había votado el martes para desclasificar los archivos, luego de que a principios de este mes respaldaran un informe que acusaba a Lasso de conexiones con posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.

Lasso negó las acusaciones y dijo que su gobierno cooperará plenamente con las investigaciones en curso de la fiscalía general sobre presuntos sobornos en empresas estatales.

"Si lo que querían saber es si en los listados consta el nombre del presidente de la República o de algún familiar (...), realmente no se lo encuentra en ninguno de los listados", dijo el superintendente de Compañías, Marco López, en una entrevista con un canal de televisión.

Algunos legisladores alegaron que las empresas albanesas que operan en Ecuador podrían tener conexiones criminales, pero López dijo que aunque el regulador está analizando si la presencia de ciudadanos albaneses representa algún riesgo, no puede estar seguro de que se haya cometido algún delito.
Aunque la Asamblea respaldó el informe no vinculante que acusa a Lasso, la oposición todavía está examinando qué cargos quiere presentar en su contra y aún no ha solicitado formalmente audiencias de juicio político.

"En esto que acaban de desclasificar de la Superintendencia de Compañías no hay una sola pista o documento que involucren al señor Guillermo Lasso", dijo el legislador del partido Pachakutik, Ricardo Vanegas, a periodistas. "Qué valor puede tener en un juicio sino hay ninguna vinculación".

"Están buscando cómo hacer para adecuar esta novela a una causal de destitución del presidente Lasso", agregó. 

Legisladores de la oposición insistieron en sus acusaciones contra el mandatario, que lleva en el cargo casi dos años. "La única verdad es que tenemos un gobierno narcotraficante que protege a mafiosos y que permitió que se instale una estructura criminal en las empresas públicas", dijo la asambleísta Viviana Veloz, integrante del partido político del expresidente Rafael Correa.

Las audiencias de juicio político, que necesitan un informe previo de la Corte Constitucional y los votos de 92 legisladores para proceder, podrían resultar en la censura de Lasso o su destitución.

La legislatura también votó para desclasificar los registros de visitantes presidenciales, que se están digitalizando y aún no son públicos.

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El frente indígena

La organización indígena CONAIE, que encabezó las protestas el año pasado, reclamó la renuncia de Lasso pero hasta ahora no respaldó las protestas nacionales.

Lasso negó las acusaciones de corrupción y dijo que su gobierno cooperará plenamente con las investigaciones de la oficina del fiscal general.

Conflicto con la Argentina

El gobierno de Lasso se halla inmerso en una crisis con la República Argentina. El trasfondo es la acusación de corrupción contra una ex funcionaria, María de los Ángeles Duarte, quien estuvo a cargo de la cartera de Transporte y Obras Públicas.