Martes, 24 Noviembre 2020 21:00

El nuevo gobierno de Bolivia juzgará a ex funcionarios

Ex miembros del gobierno de Jeanine Áñez serán investigados por corrupción o incluso de haber participado en la matanza de 37 personas.

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align: inherit;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align: inherit;&quot;&gt;Luis Arce en el momento de su jura. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;vertical-align: inherit;&quot;&gt;Foto: NA.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Luis Arce en el momento de su jura. </span><span style="vertical-align: inherit;">Foto: NA.</span></span></p>

El nuevo gobierno de Luis Arce en el Estado Plurinacional de Bolivia da curso a investigaciones contra varios ex funcionarios de su antecesora, Jeanine Áñez, acusados de corrupción o incluso de haber participado en la matanza de 37 personas durante los violentos hechos que terminaron con el derrocamiento de Evo Morales en 2019.

Decenas huyeron de Bolivia, mientras que otros ya fueron apresados.

La recuperación de la democracia en Bolivia provocó la huida desbandada de varios exministros y exfuncionarios del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).

La expresidenta, sin embargo, aún no fue requerida por la Justicia.

Quienes salieron del país burlando órdenes de aprehensión en su contra acudieron mayoritariamente a los Estados Unidos, según reportes de la Policía Nacional.

La huida de tantos exfuncionarios "es el efecto de un Gobierno transitorio que no fue transitorio. Pensaban en el ejercicio del poder más allá del mandato muy corto para el cual fueron puestos ahí en el cargo", comentó a Sputnik news el politólogo Marcelo Arequipa, quien es catedrático de la Universidad Católica Boliviana, en La Paz.

Muchos son investigados por supuestos casos de corrupción durante su ejercicio de funciones de un año, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, el tiempo que duró el mandato de Áñez.

Otros son cuestionados por su participación en las masacres y actos represivos cometidos por el Gobierno de facto, fundamentalmente al inicio del mandato, luego de que triunfara el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), el 10 de noviembre de 2019.

Como resultado, 37 personas (la mayoría militantes del MAS) fueron asesinadas en protestas callejeras, presuntamente por balas policiales y militares.

Sus familias aún exigen justicia.

Por ello, la Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en la realización de un juicio de responsabilidades contra el gabinete de Áñez por delitos de lesa humanidad.

Actualmente, los fugados de más renombre son Arturo Murillo y Luis Fernando López, ex ministros de Gobierno y de Defensa, respectivamente.

A los mencionados se los acusa de haber comprado agentes químicos para las fuerzas policiales con un sobreprecio de 2 millones de dólares.

Tomaron juntos el vuelo FAB-046 de la Fuerza Aérea, que los dejó en Puerto Quijarro, junto al paso fronterizo con Brasil, el cual habrían atravesado caminando, según la Policía.

Por este motivo, hay tres funcionarios de Migraciones detenidos.

Además de Marcel Rivas, quien era director de este organismo, acusado de haber facilitado la huida de las exautoridades, sobre quienes ya pesaba una alerta migratoria, lo cual significaba que se los debía entregar al Ministerio Público para que colaboren en las investigaciones.

Una vez detenido, a Rivas se le sumaron más causas en su contra.

Según Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, el exdirector emitió ilegalmente 495 alertas migratorias contra políticos, periodistas, empresarios y otras personas consideradas opositoras al régimen de Áñez.

También indicó que va a denunciarlo la militante del MAS Andrea Martínez, quien habría sido acosada por Rivas a través de las redes sociales cuando era autoridad del anterior Gobierno de facto.

Escrito por
Buenos Aires, NA