El primer ministro británico, Boris Johnson, sorprendió a políticos y expertos legales con su controvertido proyecto de ley que revisa sus compromisos del Brexit y reabre el espinoso asunto de la frontera entre las dos Irlandas, en violación del derecho internacional.

Johnson presentó en el Parlamento el proyecto de ley del Mercado Interno, pensado para regular el comercio dentro de las cuatro naciones del Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- una vez que termine el actual periodo de transición con la Unión Europea (UE) el próximo 31 de diciembre.

Ese texto legislativo fue introducido mientras Londres y Bruselas negocian un acuerdo comercial que debería regir la futura relación bilateral después del 31 de diciembre, pero sin avances y el tiempo que queda es poco, dado que Johnson dejó claro que no pedirá una extensión del periodo de transición.

El Reino Unido salió del bloque comunitario el pasado 31 de enero tras alcanzarse el acuerdo del Brexit.

Además de regular el comercio interno, la pieza legislativa, si es aprobada por el Parlamento, puede tirar por la borda el mecanismo acordado entre Londres y Bruselas para evitar una frontera física entre la República de Irlanda -en la UE- e Irlanda del Norte, a fin de no perjudicar el delicado proceso de paz en esa región.

Ese mecanismo está contenido en un protocolo del Acuerdo de Retirada (Brexit) y establece que Irlanda del Norte quede en el mercado único europeo para bienes junto con la República de Irlanda en caso de que la UE y Londres no lleguen a un acuerdo comercial.

Esto implica crear un sistema de controles con el resto del Reino Unido: uno de los aspectos clave que el Gobierno de Johnson quiere alterar dado que, de alguna manera, la frontera con el bloque comunitario se situaría en el mar de Irlanda -que separa la isla de Gran Bretaña y la provincia de Irlanda del Norte-.

La posibilidad de que el proyecto de ley de Johnson revise los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Retirada enfureció a la UE y sorprendió a políticos británicos, dado que supondría incumplir las obligaciones internacionales del Reino Unido.

La Comisión Europea (CE) advirtió, por su parte, de que el texto legislativo amenaza con perjudicar la confianza entre las partes para alcanzar el pacto comercial que se está negociando.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, pidió a Johnson que cumpla con sus obligaciones al citar la frase latina "pacta sunt servanta", que en relaciones internacionales se interpreta como "los acuerdos deben ser mantenidos".

El experto en Derecho Internacional Público de la Universidad de Oxford Antonios Tzanakopoulos dijo a Efe que "sin ninguna duda" el proyecto de ley viola el derecho internacional porque el "Reino Unido no puede unilateralmente modificar un acuerdo internacional".

"Cada Estado puede legislar como quiere, en forma interna, pero si esto viola una obligación internacional (en este caso obligaciones procedentes del acuerdo de retirada), se produce una violación del derecho internacional", explicó el experto.

El primer ministro defiende el polémico proyecto de ley para impedir que la UE pueda dividir al Reino Unido y ponga en peligro, según él, la "paz y la estabilidad" en Irlanda del Norte.

Según el jefe de Gobierno, la legislación es necesaria para evitar que la UE pueda hacer una "interpretación extrema" del protocolo sobre Irlanda del Norte e imponga "una frontera comercial total en el mar de Irlanda" que impida el transporte de alimentos desde la isla de Gran Bretaña a la provincia de Irlanda del Norte.