Los miembros del Comité Nacional del Paro, organizadores de las movilizaciones que llevan 9 días en Colombia, buscaban por estas horas ponerse de acuerdo en si aceptarán concurrir a la reunión del Diálogo Nacional convocada por el presidente Iván Duque con el propósito de acordar un consenso que permita terminar con las violentas protestas y la brutal represión.

El encuentro se adelantó de la fecha precisa, el lunes 10 de mayo, para tratar el convite oficial.

Las condiciones que discuten para sentarse a negociar los líderes de las tres centrales obreras como son: la CUT, la CGT y la CTC, Fecode, las organizaciones estudiantiles y sociales, así como las confederaciones de pensionados, giran en torno de la retirada de las Fuerzas Militares de las calles y el cese de la desmedida acción policial en las ciudades donde se desarrollaron los graves incidentes.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, dijo en declaraciones a radio Caracol, previo a la cumbre de Paro Nacional iniciada a las 8: “Quiero expresar, en nombre del comité nacional de paro, nuestra disposición para iniciar negociaciones con el gobierno lo más pronto posible, sobre la base de que se retire el Ejército y el Esmad que se han excedido en el uso de la fuerza, como lo ha dicho Estados Unidos, Canadá y gobiernos europeos”, enfatizó.

Caracol Radio supo que el encuentro se inició desde las 8:00 a.m. de hoy y que finalizaría sobre las 17, hora en que el Comité Nacional de Paro daría a conocer un pronunciamiento público con la decisión tomada.

El Gobierno pedirá que se desbloqueen las vías del país para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos.

Durante la jornada, en tanto, siguieron las marchas, aunque algo menos tumultuosas,, en Cali y otras ciudades que ya venían activas desde hacía varios días, y se agregó Bogotá, con 7 focos de concentración.

En Pereira, al oeste de la capital, desconocidos dispararon desde un auto particular de color gris (que aparece en un vídeo subido a las redes sociales) contra tres jóvenes en el viaducto que une a esa ciudad con Dosquebradas, en Risaralda, en lo que se interpretó como el regreso de grupos paramilitares, al igual que los que la época de la guerra contra el narcotráfico.

De resultas del atentado, el dirigente juvenil Lucas Villa Vásquez quedó con muerte cerebral.

Temprano, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, había hecho el anuncio de que Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estaban dispuestos a recibir a una delegación del comité del paro nacional, y que se podría discutir incluso peticiones como la de la renta básica, derogar el decreto del piso mínimo y la reforma a salud, aunque aclaró Cabrera estas son iniciativas de origen parlamentario.

Sobre estas cuestiones, Duque había conversado con los presidentes de las altas Cortes, con quienes además acordaron ratificar un expreso respaldo a las instituciones y el rechazo a los actos de violencia que se han registrado en el país.

En un comunicado que leyó el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, se puso de relieve: “Condenamos y rechazamos los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afecta directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad”.

Se añadió asimismo que "el pliego de emergencia no tenemos ningún inconveniente en discutirlo, nosotros tenemos una agenda, ellos tienen una, podemos construir una agenda de diálogo ya”.

Fue amplia la repercusión internacional y las voces de repudio que han estado cosechando los sucesos en el país caribeño.

El pasado martes, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, compartió su “extrema preocupación por la brutal respuesta del Esmad en las protestas en Colombia”.

Y le pidió al presidente Iván Duque desescalar el conflicto, un mensaje que fue replicado en muchos medios y en redes sociales.

Al reclamo de Meeks se sumaron las voces de otros representantes, como Jim McGovern e Ilhan Omar, así como la de la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, que exigen poner fin a la represión policial en el país.

La senadora del Congreso de Florida, la colombiana Annette Taddeo, urgió al presidente Duque a parar la violencia contra civiles.