A pocas horas de asumir, la Asamblea Legislativa de El Salvador, ahora controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Luego siguió el fiscal general, Raúl Melara.
La decisión de Bukele de acaparar los tres poderes del Estado luego de la última victoria electoral en el Congreso, desató una avalancha de pronunciamientos en contra, tanto nacionales como internacionales del más alto nivel.
Se le hizo saber que la maniobra atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado en el país centroamericano y que carece de respaldo legal.
El gobierno de Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador, ya se comunicó con el presidente Bukele para expresarle sus "serias preocupaciones" sobre lo sucedido, a lo que el mandatario replicó: "Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia".

Veredictos en contra


Tras lograr la mayoría absoluta en el parlamento unicameral de 84 escaños, la primera acción tomada por el nuevo congreso fue aceptar con 64 votos a favor, 19 en contra y un ausente, la destitución de los jueces titulares y de los suplentes que habían emitido veredictos en contra de las políticas del presidente Nayib Bukele.
No tardaron mucho, a continuación, en presentar una moción para remover del cargo al fiscal general, Raúl Melara, también aprobada por mayoría absoluta.
Ambas medidas permitirán al Presidente de El Salvador reunir bajo su control a los tres poderes del Estado.
Por su parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, cuyos magistrados fueron destituidos por la mayoría legislativa del oficialismo, emitió un documento que dice: "Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa".