En las cuatro horas que permaneció el presidente este lunes en la tercera ciudad del país se reunió con un consejo de seguridad pública y tuvo un aparte con el alcalde, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora de esa región. 

No sólo la destrucción y el desabastecimiento forman parte del paisaje visible, sino que el inventario del descontrol que le brindó el jefe comunal indica que hay 41 estaciones del sistema de transporte incineradas, 36 supermercados saqueados, 11 buses incendiados y 51 entidades financieras vandalizadas.

La represión que ejercieron las fuerzas de seguridad, sobre todo en los barrios más humildes, y exacerbaron los ánimos fueron responsabilidad del general Eduardo Zapateiro, quien precisamente había sido enviado desde Bogotá para sofocar la rebelión.

Uno de los errores que cometió Duque al iniciarse el conflicto por el paquete impositivo fue desconocer el reclamo de los jóvenes y refugiarse en el diálogo político, un común denominador de los estallidos en otra parte del continente con el común denominador de la desigualdad.

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Fue el caso de Chile en 2019, por ejemplo. El filósofo trasandino, Gastón Soublette, lo expresó en esa dirección a BBC Mundo: "Los estallidos sociales muestran que la falta de solidaridad está llegando a su fin".

En Cali detonó una protesta aún más airada tras los ataques con disparos de armas de fuego desde vehículos particulares a ciudadanos indígenas en las zonas donde vive la población más pudiente de Cali, que continuaban bloqueadas y con retenes en las calles.

Antes de su llegada, el mandatario no tuvo mejor idea que intentar poner en la mira a las propias víctimas, exhortando a los cabecillas a retirarse a sus territorios para evitar las confrontaciones.

De modo que, cuando volvió a Bogotá a preparar las bases para un diálogo político amplio, el panorama que dejó detrás al partir de la región al oeste de la capital, que alberga a 2,2 millones de habitantes, se le complejizó aún más, teniendo en cuenta que encabeza un gobierno nacional que está a 15 meses de completar el mandato y acumuló una creciente impopularidad.

La ciudad de la furia

“La furia se ha extendido por toda la ciudad, que está bloqueada en muchos de sus puntos. En un viaje en coche se suceden las barricadas y los retenes. El precio de los alimentos se ha disparado. Hay saqueos en comercios y gasolineras. La policía ha perdido casi por completo el control de las calles, donde se empieza a ver a civiles armados disparar contra manifestantes, lo que aviva el fantasma del paramilitarismo”, reportó el alcalde Ospina, según publica el diario español El País.

Fue la parte de Colombia donde más prendió el paro nacional por una subida de impuestos y terminó siendo la que más violencia engendró en todo el país. 

Tal es así que en los enfrentamientos murieron 6 jóvenes, algunos tiroteados por los agentes.

Una trama subyacente en la reacción popular anida en las 80.000 hectáreas de plantaciones de coca, a nada más que una hora de la ciudad, las mayores del mundo, en las cuales el jefe comunal destacó en la entrevista que “hay un conflicto armado no resuelto, que el Estado trató de resolver y no resolvió”.

Aliados de la Administración Duque lo están presionando para que suba la apuesta con la mano dura, sobre todo los enrolados en el derechista Centro Democrático. 

Lo aguijonean con las imágenes en las que se ve a civiles armados enfrentándose con los manifestantes para evitar más bloqueos, y le menean el riesgo de un estallido social que tornaría ingobernable su último año en la presidencia.

Surgen también otras voces, como la de la senadora de su partido, Paloma Valencia, que hacen un llamamiento público a ejecutar una acción militar “contundente y sostenida para restablecer el orden público”.

El alcalde de Cali le advirtió en la mañana del lunes que sin un diálogo nacional la situación puede derivar en una “conflagración nacional”.

También Duque recibe una creciente presión de la comunidad internacional para que cese la represión y haga juzgar a los responsables, ya que está probado que los agentes dispararon a gente desarmada. 

Desde el gobierno argumentan que se repelen los disturbios y, en todo caso, las fuerzas de seguridad se ven obligadas a responder a las agresiones. 

Lo cierto es que hasta el momento han muerto 27 personas, en su mayoría jóvenes, según datos de la Defensoría del Pueblo, y los heridos se acercan al millar.