La acusación presentada este jueves ante la CPI por Garzón, respaldada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), señala que los actos presuntamente cometidos durante las masivas manifestaciones de 2019 fueron "ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque" y son "constitutivos de crímenes de lesa humanidad".

El escrito está dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, y ahí le pide que se indague e inicie un juicio a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales.

Se citan en el documento los informes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto del estallido elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En declaraciones al sitio Ciper Chile, el ex juez sostuvo que "los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”. 

Ampliar contenido

Se añade en la demanda que estos serían todos responsables de la comisión de "crímenes de lesa humanidad (…) de manera generalizada y sistemática”. 

Y recomiendan a la Corte que intervenga debido a que en el país sudamericano estos delitos no han sido investigados debidamente. 

"Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, señaló a CIPER Chile Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

De todos modos, una declaración de la Corte solo de admisibilidad del recurso interpuesto en La Haya (Países Bajos) podría demorar años, lo cual preanuncia un proceso largo.