Las organizaciones de derechos humanos de ambos países caribeños hicieron un dramático llamamiento a Naciones Unidas para que envíe un mediador a la región fronteriza del Arauca, donde militares venezolanos y grupos irregulares, señalados como presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, se han estado trenzando en intermitentes combates al sur de Venezuela desde hace más de 3 semanas.

La tensión no cede desde el pasado 21 de marzo, cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Fanb, inició una ofensiva ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro contra esos milicianos asentados en la localidad fronteriza de Apure, mientras pedía investigar el tema a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela. 

 Más de 6.000 efectivos fueron desplazados desde Venezuela hacia esa zona caliente y los enfrentamientos dejaron como saldo, según informó Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, 8 militares venezolanos y 9 terroristas colombianos muertos, más de 34 soldados heridos por minas antipersona, y más de 40 detenidos, entre ellos, según el funcionario, presuntos miembros del cartel mexicano de Sinaloa, dos periodistas y dos activistas detenidos durante 24 horas en un puesto militar venezolano, además de miles de desplazados por la violencia.  

Human Rights Watch, HRW, acusó este lunes a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecutar al menos a cuatro campesinos de una misma familia secuestrada en La Victoria, de detenciones arbitrarias, del procesamiento de civiles ante tribunales militares y de torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados, entre otros “abusos aberrantes” contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.

Civiles inocentes 

La denuncia destaca que muchos de los detenidos “no eran miembros de grupos armados”, sino de la población local.

 La conclusión la extrajo después de entrevistar a 38 personas que habían huido de Apure, además de 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios, quienes identificaron como responsables de los abusos a la Fanb, a las Fuerzas de Acciones Especiales, Faes, de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Conas.

Fundaredes, una ONG consultada por la edición para América de El País, documentó en la frontera movimientos aéreos, blindados de tierra y tropas del Ejército y también de la policía de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Bolivariana, además de registrar bombardeos el viernes pasado, 23 de abril.

En el pueblo fronterizo de Arauquita, se pueden ver más de 5.000 personas llenando albergues y hasta un campo de fútbol con carpas humanitarias.

La frontera de 2219 km se recalentó en un año, a partir de que los 7 departamentos colombianos que limitan con Venezuela concentran el 30% del millón 800 mil migrantes del país vecino que ingresaron en tan corto lapso. Uno de los puntos más emblemáticos del tránsito hacia uno y otro lado es el puente Simón Bolívar, ya que era cruzado a diario por 40 mil personas al interconectar las comunidades que residen en ambas zonas.  

 En ese paso que conecta con la región de Cúcuta ya hubo varias tensiones entre las fuerzas militares de ambos países. Una de ellas, en 2008, casi desemboca en una guerra y terminó siendo zanjada por un recital del cantante Juanes, por el movimiento Paz Sin Fronteras que congregó 70 mil asistentes de uno y otro lado.

El País señala en un reportaje especial que las históricamente tensas relaciones entre Venezuela y Colombia, cuya chispa se encendió en la era de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, entraron en ebullición por los problemas fronterizos. 

“Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca como excusa para un escalamiento de tensiones”, señalaban hace unas semanas en un comunicado decenas de organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil. 

Recuerda el periódico español que la última vez que hablaron cara a cara los presidentes de Venezuela y Colombia, Juan Manuel Santos y Maduro, fue el 11 de agosto de 2016 en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela. 

Pusieron fin a un conflicto iniciado un año atrás, cuando Caracas decidió cerrar intempestivamente la frontera con la excusa de evitar el paso de supuestos paramilitares al lado venezolano. 

En esa operación fueron expulsados 20.000 colombianos residentes en el país y sus casas fueron marcadas con una D, para indicar que serían demolidas. 

En esos años, Venezuela participaba como garante en las negociaciones en La Habana para los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, que se firmaron un mes después.

El aumento de la violencia en la frontera tiene relación directa con el cierre de relaciones, sostiene Socorro Ramírez, exmiembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos Colombia-Venezuela (entre 2000 y 2018), y de la organización Puentes Ciudadanos, de la que se han beneficiado los grupos armados que controlan y sacan provecho de los pasos informales. 

La crisis fronteriza ha llevado al mínimo en 25 años el intercambio comercial formal entre las dos naciones, tras alcanzar en 2008 un máximo de 7.000 millones de dólares, según los datos de la Cámara de Integración Económica Colombo Venezolana, publica El País.

En ambos lados habitan 5 millones de personas.