Se realizaron siete audiencias de juicio oral y público, se incorporaron 35 pruebas documentales y se analizó una página web, concluyendo que los dos exgerentes suministraban información del sistema de refinación y las rutas de buques que comercializaban con PDVSA.

En marzo de 2020, la comisión presidencial encargada de la reestructuración y defensa de PDVSA, informó sobre la detención de Chirinos y Torrealba.

La comisión señaló que los funcionarios eran responsables de la entrega de información estratégica, sensible y de carácter confidencial al Gobierno de Estados Unidos, para con ello agredir a la industria petrolera a través de la imposición de sanciones.