Más de 1.000 soldados patrullan las calles de la ciudad tras la sangrienta jornada de enfrentamientos que dejó un saldo de 14 muertos un centenar de heridos e infraestructuras vandalizadas.

Los violentos acontecimientos del pasado 28 de mayo provocaron una fuerte respuesta del presidente colombiano, Iván Duque.

Durante su visita a las ciudades de Cali y Popayán, el mandatario ordenó un "máximo despliegue de asistencia militar" para combatir lo que calificó de "terrorismo urbano".

La medida implicará triplicar la presencia militar en Cali y un aumento del 25% de las fuerzas del Ejército en Popayán.

Asimismo, dispuso patrullajes combinados con las fuerzas de seguridad locales para "la protección de infraestructura estratégica".

El 29 de mayo, Colombia vivió una nueva jornada de movilización social convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP), al cumplirse un mes de las protestas.

Aunque la mayoría de manifestaciones fueron pacíficas, en Cali fue vandalizada una estación de Policía, incendiada una estación del sistema de transporte público y saqueado un almacén de la cadena Dollar City.

Asimismo, varios sujetos lincharon a un agente de la Fiscalía, a quien acusaron de disparar en contra de manifestantes

El detonante de las protestas fue el rechazo a una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno de Duque.

Al menos 59 personas han muerto durante las protestas. La mayoría, a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles han sido heridos, de los cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza pública.