Un juez federal, Trevor McFadden, se negó a ordenar de inmediato a la Casa Blanca que restablezca el acceso de The Associated Press a los eventos presidenciales, argumentando que la organización de noticias no demostró que haya sufrido un daño irreparable, informó aquel medio. Pero de todas maneras, instó al gobierno de Trump a reconsiderar su prohibición de hace dos semanas, afirmando que la jurisprudencia "es uniformemente inútil para la Casa Blanca".

McFadden advirtió a la Casa Blanca que la ley no estaba de su lado al prohibir que la AP siguiera haciendo referencia al Golfo de México, no simplemente al "Golfo de América", como decretó Trump en una orden ejecutiva. 

"Parece bastante claro que hay discriminación por puntos de vista", dijo McFadden a Brian Hudak, un abogado del gobierno. Sin que se haya emitido un fallo, la Casa Blanca tiene libertad para seguir prohibiendo a la AP entrar en la Oficina Oval y otros lugares, continuó el medio.

El caso se extendería al menos hasta el 20 de marzo, cuando se fijó una audiencia adicional. La portavoz de AP, Lauren Easton, expresó lo siguiente después de la audiencia: "Esperamos con ansias nuestra próxima audiencia el 20 de marzo, donde seguiremos defendiendo el derecho de la prensa y el público a hablar libremente sin represalias del gobierno. Esta es una libertad estadounidense fundamental".

Mientras tanto, la Casa Blanca comenzó a desplegar un par de monitores en la sala de prensa donde se leían "Golfo de América" y "Victoria". "Como hemos dicho desde el principio, hacerle preguntas al Presidente de los Estados Unidos en la Oficina Oval y a bordo del Air Force One es un privilegio otorgado a los periodistas, no un derecho legal", indicó el abogado gubernamental.

Hudak abundó que el hecho de que un reportero y fotógrafo de AP haya ocupado durante mucho tiempo un lugar en el grupo de prensa de la Casa Blanca no significa que la agencia tenga derecho a él a perpetuidad. Charles Tobin, un abogado que representa a la AP, dijo que no se trataba de si Trump tenía que hablar con los periodistas de la agencia, sino que señalar a la agencia equivalía a un "problema constitucional". 

"No estamos diciendo que el presidente de Estados Unidos tenga que responder las preguntas de The Associated Press. El problema es que una vez que deja entrar a la prensa, no puede decir: ‘No me gustas. Eres una noticia falsa. Vete’", comentó.

McFadden, nominado por Trump, sometió a ambas partes a un intenso interrogatorio. Al hablar sobre la composición del "grupo de prensa" que elige la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuestionó por qué el Gobierno estaba obligado a seguir esas decisiones, diciendo que "parece un poco extraño que la Casa Blanca esté de alguna manera atada a las decisiones que toma esta organización privada".

Sin embargo, más tarde, en un intercambio con Hudak,  expresó: "La Casa Blanca ha aceptado que la asociación de corresponsales sea el árbitro en este caso, y simplemente ha discriminado a una organización. Eso parece problemático". A principios de este mes, la administración Trump comenzó a prohibir a la AP el acceso a la Oficina Oval , al Air Force One y a otras áreas, algunas de las cuales han estado abiertas a la agencia durante un siglo como parte del grupo de prensa de la Casa Blanca.

Esto se produjo después de que la AP dijera el mes pasado que se ceñiría a la terminología del "Golfo de México" porque su audiencia es global y las aguas no se encuentran sólo en territorio estadounidense. Sin embargo, también reconoce el cambio de nombre de Trump.

 La AP presentó una demanda el viernes, nombrando a tres funcionarios de Trump –la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles; el subdirector de gabinete, Taylor Budowich; y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt– como acusados. La agencia, una organización de noticias sin fines de lucro que opera desde 1846, calificó la medida de la Casa Blanca como un "ataque selectivo" que "ataca el corazón mismo de la Primera Enmienda".

Budowich se encontraba en la sala del tribunal junto a los acusados. El principal corresponsal de AP en la Casa Blanca, Zeke Miller, se sentó con los abogados de los demandantes; su editora ejecutiva, Julie Pace, se sentó en la primera fila de espectadores.

La semana pasada, decenas de organizaciones de noticias firmaron una carta instando a la Casa Blanca a revertir su política. Entre los firmantes se encontraban medios afines a Trump como Fox News Channel y Newsmax.

“Lunáticos de izquierda radical”

Trump tachó a la AP de organización de "lunáticos de izquierda radical" y expresó: "Vamos a mantenerlos fuera hasta que acepten que es el Golfo de América". En un correo electrónico enviado a AP, Wiles apuntó que la organización de noticias fue atacada porque su influyente manual de estilo es utilizado como estándar por muchos periodistas, académicos y estudiantes en todo el país, según la demanda.

Agregó que el Gobierno tenía la esperanza de que el cambio de nombre se reflejara en el Manual de Estilo de AP "en lo que respecta al público estadounidense". El Manual de Estilo de AP es utilizado por el público internacional y también en los Estados Unidos.

La AP sostuvo que sus directrices se ofrecieron para promover la claridad y que, aunque se seguirá utilizando el término "Golfo de México", los periodistas también deberían tener en cuenta la decisión de Trump de cambiar el nombre. El Manual de Estilo de AP reconoce la orden ejecutiva de Trump de cambiar el nombre de la montaña más grande de los Estados Unidos de Denali a Monte McKinley. Trump tiene la autoridad para hacerlo porque la montaña está completamente dentro del país que él supervisa, evaluó la AP.

No es el primer caso de este tipo, ni siquiera el primero que involucra a Trump, añadió el cable. Durante su primer mandato, al periodista Jim Acosta de CNN le revocaron sus credenciales para la Casa Blanca.

Después de que CNN presentara una demanda, otro juez federal designado por Trump falló a favor de Acosta y le devolvió el acceso, concluye el trabajo de Matt Sedensky, escritor nacional de The Associated Press.