Domingo, 16 Mayo 2021 18:01

Elección en Chile: la derecha no llega a reunir el tercio de la Asamblea para redactar la nueva Constitución

A medida que se conocen los resultados de la megaelección chilena, queda claro que independientes y centroizquierda reúnen casi dos tercios de la Asamblea que reformará la Constitución.

Algarabía en los bunkers tras conocerse los primeros datos en la megaelección.. Algarabía en los bunkers tras conocerse los primeros datos en la megaelección.. La Tercera

El Servicio Electoral entregó los datos preliminares de los comicios municipales (alcaldes y concejales), constituyentes y de gobernadores regionales y con el 79% de las mesas escrutadas, para convencionales la derecha de Vamos por Chile sumaba 39, 3 menos de los que necesitaba para llegar al tercio; Apruebo (la ex Concertación) 25 escaños, Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio con el partido comunista, 28, ecologistas y humanistas 1, e independientes, con 72% de los votos, sumaron 17 escaños pero de diversas orientaciones.

Progresaba a medianoche el conteo de votos por las Elecciones de Chile en 2021, donde se eligen a los Convencionales Constituyentes para redactar una Nueva Constitución, los alcaldes y concejales de las Municipales, y también el Gobernador Regional, cargo por primera vez es de voto popular y la suerte parecía echada en cuanto a la distribución del electorado en las distintas propuestas de este megacomicio.

Estos resultados tendrán incidencia en la futura carrera presidencial.

Las autoridades esperaban una concurrencia proporcionalmente menor este domingo, pero que aún así al menos se lograrían juntar unos 7 millones de votantes, cifra similar al Plebiscito del 2020, menos de la mitad del padrón.

De las casi 15 millones de personas habilitadas para elegir este fin de semana a los 155 representantes de la convención constitucional que redactará la nueva Carta Magna, así como a gobernadores, alcaldes y concejales en todo el país, el 20% (unos 3 millones) ya había depositado su sufragio el primer día, que fue el sábado, lo que equivale al 40% de los votantes en el plebiscito de octubre del año pasado.

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El presidente, Sebastián Piñera, quien cumplió el mismo sábado con su deber cívico y este domingo esperará en La Moneda el escrutinio, se mostró satisfecho con la decisión de hacer la votación en dos días, que fuentes de su gobierno la calificaron como un éxito.

Los primeros cómputos que se podrían tener de los convencionales constituyentes  empezaron a ser difundidos en torno de las 20 o 21, para luego continuar con la contabilidad de gobernadores, y después de alcaldes y concejales.

Es, sin embargo, el inicio del proceso de cambio de la Constitución lo que confiere a estos comicios regionales una atracción que trasciende las fronteras, en virtud de que ha sido una de las principales demandas de las protestas que estallaron en octubre de 2019.

De todos modos, si bien los observadores desmenuzan en sus análisis el rol que tendrá la Casa de la Moneda en la conformación de la convención constitucional, el hecho de que sea la primera vez que en la contienda se definirá quiénes gobernarán las regiones, representa un paso significativo hacia la descentralización del poder en Chile y el surgimiento de un muestrario de potenciales candidatos a disputar la Presidencia.

En tal sentido, el mandatario sostuvo que los resultados que obtenga Chile Vamos serán una suerte de test a su gestión y determinarán, en parte, las decisiones que tenga que tomar respecto de la continuidad de su equipo ministerial.

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Convención Constituyente

 

La gran expectativa nacional, sin embargo, enfoca hacia lo que sucederá con la procedencia de los 155 miembros de la Convención Constituyente que surjan de las urnas, ya que en el cuerpo que se constituya no habrá participación de representantes del Congreso.

Sí destacan que los integrantes se determinarán bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará que la asamblea esté compuesta mitad por hombres y mitad por mujeres.

Lo mismo se determinará la participación de los pueblos originarios en la decisión popular.

Los 155 miembros dispondrán de 9 meses (prorrogables a tres más en una sola oportunidad) para presentar un nuevo texto constitucional en 2022, que un nuevo plebiscito de salida aprobará o rechazará.

El mandato que recibieron por una abrumadora mayoría (casi el 80%) de la consulta popular de octubre del año pasado es cambiar la actual Carta Magna, que data de 1980.

Aunque ya ha sido modificada varias veces, en especial en 1989 y 2005, se la cuestiona por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente fue uno de los motivos que inspiraron las masivas protestas.

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Hace 22 años se derogó la parte que limitaba el pluralismo político, lo que implicaba que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas, de modo que se la desprendió de los enclaves autoritarios.

Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, 15 años después, se efectuó una importante reforma constitucional que puso fin a la figura de los senadores que eran designados por las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema.

Entre los cambios demandados se encuentra la ampliación del rol de los partidos políticos en la Constitución y flexibilizarla requiriendo para la modificación mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

Un tema a tratar será el de los enclaves autoritarios que tornan prácticamente imposible reformar ciertas disposiciones, lo cual generó una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, justamente los derechos sociales que hoy se demandan.

Las protestas apuntaron precisamente a la desigualdad y exigieron que sean puestas en marcha profundas reformas sociales.

En cuanto a los derechos sociales, el texto constitucional consagra un "Estado subsidiario" que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas, mientras un Estado mínimo se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos.

Según desarrolla en un informe BBC, la privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. Y también hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.

Otros puntos contenidos en las demandas de los manifestantes en 2019 fueron que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos, y se puso de relieve que la función social está "infrarrepresentada" en la Constitución, lo que le otorga solo "funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc."

Escrito por Noticias Argentinas
Buenos Aires, NA