El presidente de Brasil Jair Bolsonaro enfrenta un pedido de 'impeachment', liderado por 11 partidos políticos y decenas de organizaciones de la sociedad civil, a causa de corrupción, la mala gestión durante la pandemia de coronavirus y el más reciente escándalo por los posibles sobrecostos en la compra de la vacuna Covaxin.

En total, son 123 las solicitudes de 'impeachment', contabiliza el sitio France24.com. Once partidos políticos, apoyados por decenas de organizaciones civiles y sindicatos, presentaron las demandas unidas en un solo documento, ante la Cámara de Diputados del país. 

Al mandatario se le acusa de 23 delitos por los que podría ser destituido, muchos relacionados con su gestión de la pandemia del Covid-19. Y es que para sus directrices en la emergencia sanitaria existe incluso un departamento del Senado: la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil (CPI), que se dedica a investigarlas. 

Entre las pesquisas figura el caso de un contrato para la importación de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, de la farmacéutica india Bharat Biotech. El convenio, suspendido temporalmente el pasado martes 29 de junio en medio de irregularidades, estipulaba la adquisición de esas dosis a un precio de 320 millones de dólares, lo que supondría un incremento de hasta el 1.000% del precio real. 

En el caso, Ricardo Miranda, jefe de importaciones del Ministerio de Salud, aseguró a principios de año ante la CPI que había soportado “presiones atípicas” para autorizar y acelerar la compra de las dosis y señaló que hubo un acuerdo de pago adelantado por un valor de 45 millones dólares a una empresa con sede en Singapur que no figuraba en el contrato. 

Pero el meollo del asunto, que apunta directamente a Bolsonaro, es el hecho de que el hermano de Ricardo Miranda, el diputado oficialista Luis Miranda, afirmó que días después de la firma del contrato había comunicado personalmente al presidente sobre las incoherencias del convenio, en tanto que el mandatario habría admitido que se trataba de algo "grave". 

Tanto Bharat Biotech como Bolsonaro han negado haber actuado ilegalmente. El mandatario aseguró días atrás que desconocía el desarrollo de las negociaciones de la vacuna: "No tengo cómo saber lo que sucede en los ministerios", aseguró a la prensa. Pero las acusaciones en su contra, en el seno de su propio Gobierno, han enardecido la ira de sus críticos.

Ya no es solo la oposición la que se enfurece con los constantes comentarios del líder ultraderechista minimizando el impacto de la pandemia. Las encuestas reflejan el desgaste de su mandato. Un sondeo del Instituto IPEC indica que el líder habría perdido una tercera parte de sus votantes de 2018 y apunta a que tan solo cuenta con una intención de voto del 23% para su reelección, cuando en 2018 fue elegido con el 55% de los votos.

Esto sucede cuando la pandemia ha dejado ya más de 515.000 muertes y 18,5 millones de contagios en el país y mientras la CPI avanza múltiples investigaciones por demoras en la compra de vacunas o por la compra -impulsada por Bolsonaro- con elevadas sumas de dinero público para adquirir fármacos cuya efectividad contra el coronavirus no ha sido probada, como es el caso de la cloroquina.

Por si fuera poco, a todo ello se suma el despido del director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Dias. La salida del funcionario se anunció este miércoles aunque fue efectuada el martes, luego de que el diario ‘Folha de Sao Paulo’ informara que Dias había presuntamente pedido a un proveedor de vacunas que aumentara los precios de cada dosis en un dólar, para un pedido de 400 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca.

El periódico brasileño citó al empresario Luiz Paulo Dominguetti, propietario de la compañía Davati Medical Supply, quien aseguró que había ofrecido a Dias la compra de las vacunas y reveló que el funcionario le había dicho que el Ministerio de Salud solo compraría las dosis si la empresa aceptaba aumentar los precios, por lo que afirmó que había rechazado la propuesta. Por su parte, un funcionario de AstraZeneca aseguró a la agencia de noticias Associated Press no tener vínculo alguno con Davati Medical Supply. 

En medio del creciente número de señalamientos a la Administración de Bolsonaro, son 11 partidos de izquierda y de centro que impulsan la "super petición" de destitución. Entre los principales promotores está el Partido de los Trabajadores, del expresidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva, quien de acuerdo con el IPEC se perfila como el principal contendor de Bolsonaro en una eventual primera vuelta de 2022. 

Pero a la coalición se suman también legisladores de derecha que otrora fueron sus aliados, como los diputados Alexandre Frota, del Partido de la Social Democracia Brasileña; y Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal y exjefe del grupo oficialista en la Cámara hasta 2019. "Fui líder de ese ogro, de ese monstruo, del peor presidente que ha tenido el país", dijo Hasselmann tras firmar el documento.

Sin embargo, y a pesar del creciente descontento en contra del Ejecutivo, este miércoles el vicepresidente del país, Hamilton Mourão, minimizó la viabilidad del 'impeachment'. "No hay espacio para que prospere una solicitud de juicio político. Estamos a un año más o menos de las elecciones. Vamos a dejar que el proceso continúe y llegar a octubre del próximo año para ver qué pasa", señaló. 

Para que la demanda sea tramitada, esta deberá pasar el filtro del jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, aliado tradicional del mandatario y quien ha rechazado hasta el momento todos los pedidos de juicio político en su contra. Sin embargo, el descontento no solo está en el Parlamento. A poco más de un año de las elecciones, las protestas se siguen tomando las calles brasileñas y este fin de semana continuarán con la más reciente convocatoria a marchar en contra de Bolsonaro. 

Mientras tanto, en Brasil transcurre la disputa de la Copa América, que la Conmebol le sacó a la Argentina porque entendía que la situación pandémica en este país no permitía su realización en condiciones de seguridad sanitaria.