La reunión de casi tres horas del jueves 26 de mayo, en Buenos Aires, en la Casa Rosada, entre el presidente Alberto Fernández y el ex senador demócrata estadounidense, Christopher Dodd, íntimo amigo del mandatario norteamericano, Joe Biden y asesor especial para la Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, el próximo 8 y 9 de junio, dejó la sensación que los vetos, los boicots y las ausencias, opacarán de manera decisiva una nueva edición de este encuentro regional en momentos en que los máximos poderes autocráticos en el mundo, Rusia y China, parecen decididos a tomar la democracia occidental por asalto.

Dodd sostuvo entre sonrisas y frases amables con Alberto Fernández y su jefe de gabinete, Juan Manzur, la decisión de la administración de la que forma parte, de no invitar bajo ningún concepto a los representantes de los gobiernos de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel.

Estados Unidos sostuvo previamente, a través de sus voceros en Washington, que bajo ningún concepto invitará a los gobiernos Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas. "De ninguna manera. A Venezuela no lo reconocemos como un gobierno soberano", expresó el coordinador de la cumbre Kevin O'Reilly a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del gobierno chavista. Maduro, cuya reelección de 2018 fue ampliamente cuestionada por observadores internacionales, es considerado un gobernante ilegítimo por Washington, que reconoce al líder opositor, Juan Guaidó como presidente encargado.

La situación en Nicaragua es tan grave como en Venezuela con la la pareja gobernante en ese país, Daniel Ortega y su mujer, Rosario María Murillo Zambrana, acusados de encarcelar opositores políticos por el sólo hecho de presentarse a elecciones y muchos nicaraguenses que, al igual que los ciudadanos venezolanos, se han decidido por el exilio como única manera de poder tener una vida en libertad. Los políticos de Washington no aceptan la reelección de Ortega y han decidido no invitar al país centroamericano a la Cumbre que están organizando.

En el caso de Cuba, la situación es más compleja y extensa. Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, ha expresado en conferencias de prensa que "Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en el que estamos enfrentando muchos retos a la democracia, y no esperamos la presencia de los países que no respetan la Carta Democrática de las Américas".

La Carta Democrática Interamericana fue adoptada por aclamación en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima el 11 de septiembre de 2001. Coincidiendo con los atentados de la misma fecha contra Estados Unidos, en Nueva York, que afectaron a la aprobación de la Carta. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, solicitó que se invirtiese el orden previsto para la tercera Asamblea para poder volar de inmediato de regreso a su país. Así, se votó primero la aprobación y, después, los cancilleres pronunciaron sus discursos, empezando por el propio Powell.

Su antecedente principal es la Resolución 1080, aprobada en 1991, que por primera vez habilitó a la OEA, en caso de ruptura del orden constitucional, o golpe de Estado, a tomar las sanciones y las medidas que considerase adecuadas. Esta capacidad de sancionar a los Estados Miembros que sufran rupturas institucionales, repetida y ampliada en la Carta Democrática Interamericana, es inédita en el mundo. Aún hoy, sólo en las Américas, la OEA y las organizaciones subregionales que adoptaron la también llamada "clausula democrática", la contemplan en su acervo jurídico.

Sin embargo, estas consideraciones a las que la República Argentina adhirió no parecen bastar para evitar un boicot a la novena Cumbre organizada por Estados Unidos que consideran que los países cuestionados no debieran pertenecer a este club democrático.

Por el contrario, para los gobiernos de centro izquierda de Alberto Fernández en Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México, Luis Arce en Bolivia o Gabriel Boric en Chile, entre otros, los tres países no invitados debieran ser de la partida. Una posición que pone al borde de la intrascendencia a este encuentro regional que se vive en un momento de post pandemia, con alzas en el costo de vida registradas en casi todos los países del continente y con una guerra, en el este de Europa, de difícil resolución en el corto plazo.

El abanderado de esta posición es AMLO, el presidente mexicano, quien ha expresado "si hay diferencias, que se expongan, que haya diálogo, o por qué vamos a excluir, que nadie excluya a nadie”, al tiempo que Alberto Fernández en Argentina señaló, "En nuestro continente tenemos un país que lleva bloqueado seis décadas y sobrevive como puede. Deberíamos estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. Hay otro país que hace cinco años está bloqueado y fue bloqueado en plena pandemia, cuando la solidaridad era más importante que nunca".  

Sin embargo no fue esa la vara con la que se juzgó la participación de Venezuela en el año 2017, durante la octava Cumbre de las Américas. Entonces, el Gobierno de Perú, anfitrión de esa cita, le retiró la invitación a Nicolás Maduro sobre la base de lo pautado en la Declaración de Quebec adoptada en la tercera Cumbre de las Américas, y esa decisión fue respaldada por los países miembros del Grupo de Lima, dentro del cual participaban los gobiernos de Chile, México, Argentina, y Honduras. En el caso de Argentina gobernaba el ex presidente Mauricio Macri.

El gobierno de Honduras, emitió una declaración donde básicamente señaló, "...de no estar todos los países en la reunión… no podría denominarse Cumbre de las Américas”. Mientras que la administración de Boric, que asumió recientemente en Chile, afirmó que "independientemente de las diferencias e incluso de las condenas que puedan existir en materia de derechos humanos respecto de algunos gobiernos, creemos que en la post pandemia y con crisis económica, es un momento también de tener un espacio de diálogo más allá de las diferencias”. 

Por otra parte, el gobierno de Cuba sostiene que, pase lo que pase con su invitación, no participará en la Cumbre porque representaría un retroceso en relación con las anteriores citas americanas, a las que sí fue invitada y asistió.

Todas estas pujas en los días previos a la realización del encuentro en Los Ángeles se ofrecen en un contexto de crecimiento de la influencia de los gobiernos autocráticos en todo el mundo del cual, la región latinoamericana, no está exenta.