La crisis gubernamental se desató porque el canciller renunciante, Sebastian Kurz y sus colaboradores cercanos están acusados ​​de intentar asegurar su ascenso a la dirección de su partido y del país con la ayuda de encuestas manipuladas e informes amistosos en los medios, financiados con dinero público.

Kurz, quien se convirtió en líder del Partido Popular y luego canciller en 2017, negó haber actuado mal y hasta último momento planeaba quedarse e insistía, mediante un comunicado, en que las acusaciones en su contra “son falsas y esto lo podré aclarar, estoy profundamente convencido de eso”.

Pero finalmente, ante la presión del socio menor de la coalición, los Verdes, lo mismo que de los opositores, propuso que el ministro de Relaciones Exteriores, Alexander Schallenberg, lo reemplace.

Asimismo, aseguró que mantendrá el liderazgo de su partido y que planea convertirse en el jefe del grupo parlamentario de su partido del Pueblo Austriaco.

"Lo que necesitamos ahora son condiciones estables", dijo Kurz a los periodistas en Viena. "Entonces, para resolver el estancamiento, quiero abrir paso para evitar el caos y garantizar la estabilidad".

Al principio, después del anuncio de los fiscales el miércoles, el partido de Kurz había cerrado filas en su defensa, mientras los líderes de la oposición habían pedido que se fuera y planeaban presentar una moción de censura en su contra al parlamento el martes próximo.

Luz roja de los verdes

Pero los Verdes dijeron que el canciller no podía permanecer en su cargo en el medio de la investigación y exigió que su partido nominara a una "persona irreprochable" para reemplazarlo.

Las denuncias que pesan sobre él y otros funcionarios giran en torno de que se utilizó dinero del gobierno en un acuerdo corrupto para garantizar una cobertura positiva en un periódico sensacionalista, según la hipótesis de los fiscales.

La esencia de las acusaciones es que entre 2016 y 2018, “se utilizaron recursos del Ministerio de Hacienda para financiar encuestas de opinión parcialmente manipuladas que sirvieron a un interés político exclusivamente partidista”.

Es de la época en que Kurz asumió el liderazgo del ÖVP y lo llevó al gobierno al frente de una coalición con el Partido de la Libertad de extrema derecha (FPÖ).

Los fiscales esgrimen que una empresa de medios no identificada "recibió pagos" a cambio de publicar las encuestas que contribuyeron a su ascenso.

Aunque no fue nombrado oficialmente, el grupo mediático en cuestión fue ampliamente identificado en el ámbito austriaco como el tabloide Österreich, el cual emitió un comunicado en el que niega que se haya cometido algún delito en la puesta en marcha o publicación de sus encuestas.

Se registraron allanamientos en varios lugares, incluidos dos ministerios del gobierno, como parte de la investigación, lo cua constituyó el último dolor de cabeza legal para Kurz y su Partido Popular de derecha (ÖVP).

El vicecanciller, Werner Kogler, declaró a los periodistas que los allanamientos no habían tenido ningún impacto en la capacidad de gobierno de la coalición.

Sin embargo, sí rechazó la caracterización de los allanamientos por parte del ÖVP como una puesta en escena, señalando que las órdenes de arresto habrían necesitado la aprobación de un juez.