Daniel Picazo González, el abogado mexicano de 31 años y ex asesor del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de México, “fue víctima de la violencia desbordada que se vive en diferentes partes de ese país y América Latina", dijeron Abogados y Abogadas de Latinoamérica y Europa.

Por error, fue brutalmente asesinado a manos de un grupo de personas, quienes lo acusaron sin pruebas de ser un delincuente.

La noche del crimen

Al caer la noche, el viernes 10 de junio, unos 200 habitantes de la localidad de Papatlazolco, vecino de Las Colonias de Hidalgo, lo detuvieron, golpearon y lincharon hasta la muerte.

Como tantas veces lo hizo antes, Daniel salía de su domicilio en Ciudad de México y se dirigía a una pequeña localidad del estado de Puebla. Un rumor, que corrió días antes por grupos de WhatsApp y Facebook de Papatlazolco, decía que había gente de otros estados raptando niños para traficar con sus órganos. Incluso había imágenes con logotipos de instituciones que ya no existen como tales (la PGR, por ejemplo, que hoy es la Fiscalía General de la República). Esas fotos supuestamente señalaban que había una búsqueda de delincuentes.

Según se reveló después del violento hecho, un vecino de esa localidad había alertado a través de un grupo de WhatsApp haber visto una camioneta con matrícula de otro estado, asegurando, sin pruebas, que  “ya estaban por ahí personas extrañas y que probablemente era de quienes se hablaba desde hacía dos días”.

Horas después del asesinato, la madre de Picazo González dijo a la prensa mexicana, que un hombre que presenciaba el hecho intentó ayudar a su hijo averiguando su identidad y origen. “Casi agonizando le dijo ‘sácame mi cartera, la traigo en el pantalón’. Y el testigo vio que traía su identificación de la Cámara de Diputados. (…) Él quiso defender a mi hijo, pero los pobladores no lo dejaron. Había policías estatales y municipales, pero lo estaban también inculpando a él”.

Su cuerpo fue encontrado carbonizado, después de que presuntamente lo rociaran con nafta y lo prendieran fuego mientras aún tenía vida. Fue una víctima más de la violencia desbordada que se vive en diferentes partes de México y América Latina.

Los medios locales han informado sobre varias muertes más y, según el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, entre 2015 y 2019 hubo 600 casos y 78 personas muertas en el Estado.