Las negociaciones por la continuidad de la cerealera Vicentin experimentaron un paso atrás luego de que el Gobierno de la provincia de Santa Fe anunciara su decisión de retirarse del diálogo institucional, a raíz de que los directivos de la empresa no aceptaron retirarse de la administración, en vistas a la posible conformación de un fideicomiso.

“Este marco de negociación institucional es un capítulo cerrado”, sentenció el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, al término de una reunión en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini.

La decisión del Gobierno de Omar Perotti coincide con el allanamiento a la sede de la compañía que ordenó el juez federal Julián Ercolini en busca de documentación, ante el requerimiento que formalizara en junio la Unidad de Información Financiera (UIF).

El retiro de las negociaciones del Gobierno de Santa Fe contrasta con el optimismo que el propio Somaglia había manifestado hace una semana, cuando consideró que la apertura del diálogo institucional constituía un “punto de partida” para encontrar una solución al problema iniciado en febrero de este año, cuando Vicentin presentó su concurso de acreedores.

Si bien el vicepresidente de la compañía, Alberto Macua, confió en que “puede haber una tercera reunión”, las declaraciones de Somaglia fueron terminantes al señalar el retiro de la provincia de las deliberaciones.

“No llegamos a ningún acuerdo fructífero ya que las únicas dos condiciones que pretendía el gobierno provincial en concordancia con el nacional eran que los directivos hicieran un paso al costado y renunciaran de manera inmediata de sus cargos”, expresó el funcionario, quien agregó que tampoco se pudo avanzar con “las acciones cuyo objeto iban a hacer transferidas en fideicomiso tampoco se pudo hacer”.

“Hemos decidido dejar aquí la negociación, esta es la línea de tolerancia. Podríamos esperar que el juez convoque nuevamente, por ahora es un capítulo cerrado”, agregó.

La postura expresada por Somaglia se manifiesta una semana después de que el Banco Nación y los representantes gremiales del Comité Provisorio de Control del concurso de acreedores reclamase la intervención de Vicentin y, al igual que el Gobierno provincial, el apartamiento de los directores de su administración, por entender que su permanencia “sería tanto como posibilitar que el zorro siga en el gallinero cuanto le plazca”.

El pedido del BNA, se basa principalmente en que la tercera parte de la deuda que Vicentin tiene con la entidad se originó en una seguidilla de 26 préstamos otorgados entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, luego de las elecciones nacionales del 27 de octubre y antes de la asunción del presidente Alberto Fernández.

En ese breve período de solo 12 días hábiles (el lunes 18 de noviembre fue feriado nacional) el BNA concedió a Vicentin 26 préstamos (es decir, más de dos por día) por un total de US$ 97 millones, presentados en el informe con su equivalente de $6.020.603.036,53, al tipo de cambio oficial.

Como el total de la deuda de Vicentin con el BNA al 9 de febrero de este año ascendía a $18.182.297.617,70, de los datos del informe contable se desprende que en ese breve período se concentró el 33,11% del total.

Por otra parte, la UIF había denunciado en junio a la empresa por considerar que había llevado “complejas maniobras de lavado de activos” a través de la remisión de ganancias a otras empresas, que representaron “una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina”.

Asimismo, solicitó la inhibición general de bienes del ex presidente Mauricio Macri, los ex titulares del BNA, Javier González Fraga, y el Banco Central, Guido Sandleris y los directivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.