Por Hernán Torres Guerrero (*)

La crisis sanitaria, económica y social producida por la pandemia desatada por el Covid-19, muestra sus consecuencias a lo largo y ancho del globo. También pone de manifiesto la destreza, experiencia y capacidad de liderazgo de los primeros mandatarios. Es allí donde nuestro presidente, Alberto Fernández demuestra una enorme empatía con todos y cada uno de los sectores de la sociedad. Aquellos que lo acompañaron en las urnas y los que no. Pero también con quienes -pese a pertenecer al Frente de Todos– expresan y reclaman al presidente cuestiones que, en muchos casos callaron durante la nefasta gestión de Mauricio Macri.

El día después de la cuarentena o la inevitable llegada de la “nueva normalidad”, nos impone desafíos y responsabilidades individuales que repercuten de manera colectiva en nuestra vida cotidiana y en la comunidad en la que vivimos. Pero también exige poner en marcha políticas activas de gobierno que activen a las golpeadas economías locales.

La crisis sanitaria puso en blanco y negro una desesperante situación de precariedad laboral directamente heredada del gobierno macrista.

El IFE es una muestra clarísima de la que más de la mitad de la población está subsumida. Planificado originalmente para 4 millones de personas se anotaron 12 millones de los cuales 8 millones lo terminaron cobrando: el doble de las personas que el Estado pensaba que iba a necesitar ese ingreso.

Es por ello que saber en qué y cómo trabajan ese importante sector de la población es clave para el diseño de políticas activas y efectivas.

Son, justamente los trabajadores de la Economía Popular serán parte de las políticas activas para poder acceder a créditos e integrarse a la economía formal. Esto se articula con una de las políticas centrales del Gobierno Nacional en lo que se refiere a la redistribución de las riquezas en nuestro país: el Ingreso Universal Básico.

La denominada “crisis de trabajo” está determinada por la incapacidad del “mercado laboral”, que no que no puede dar respuesta a los “demandantes de empleo” que no son absorbidos ni por el Estado, ni por el sector privado.

Como criterios básicos, son trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular aquellos que se desempeñan de manera individual o colectiva en unidades productivas con diversas modalidades organizativas, habiendo generado su propio trabajo con el objeto de producir, crear, circular o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo, el familiar o el comunitario.

El Plan Potenciar Trabajo va a ser una herramienta fundamental para fortalecer el desarrollo local, la inclusión productiva y el micro entramado de la economía popular en las comunidades.

La desastrosa gestión del PRO sumada a la pandemia, obligó a que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, invierta el 90 por ciento de su gasto en asistencia alimentaria, y tan solo un 10 por ciento en la reactivación del trabajo. En los meses venideros esperamos dar vuelta la balanza y que el eje este puesto en el trabajo que llevan adelante las mujeres y hombre de la economía popular en cada barriada del país.

La salida y la política social pos pandemia no va a ser sólo asistencia alimentaria, sino del trabajo como ordenador social de todas y todos los argentinos.

La crisis producida por el Covid-19 puso en el tapete trabajos que hacen, que existen, que hacen a la vida social y que se realizan en los márgenes del mercado, y por ello no dejan de ser trabajos.

Es por ello que el Ingreso Universal Básico es una herramienta cada vez más necesaria ya que visibiliza a miles de trabajadoras y trabajadores que existen.

(*) Subsecretario de articulación comunitario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.