La disputa sobre las tarifas de luz y gas pusieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, ante una encrucijada, en un año en el que su necesidad de reducir el gasto público se da de bruces con la urgencia política del oficialismo de cumplir un buen papel en las elecciones legislativas.

El funcionario necesita dar señales a los agentes económicos y al FMI de que la Argentina está decidida a iniciar un camino de reducción del gasto público.

Con ese objetivo el recorte de subsidios multimillonarios -en el primer trimestre superaron los $185.000 millones y subieron 70%- cumple un rol decisivo.

Para alcanzar esa meta, necesita subir las tarifas de electricidad y gas en el AMBA, bajo un esquema de ajustes graduales y segmentados, cuyos detalles habían sido solicitados al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Pero el informe nunca llegó, ya que fue demorado por Basualdo, quien responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quien el manejo discrecional de las tarifas de servicios siempre fue sinónimo de capital electoral.

Guzmán se hartó de esperar y le planteó sus reclamos al presidente Alberto Fernández, a quien le pidió la cabeza de Basualdo con el fin de tener las manos libres para avanzar con la poda de subsidios.

El ministro obtuvo el respaldo del Presidente, pero no contaba con la dura resistencia que mostraría el ultra kirchnerismo, decidido a defender a todos sus miembros en el Gobierno, que en un año y medio han crecido en forma exponencial, sobre todo en áreas que manejan fondos.

"No lo quiero más en mi equipo", habría afirmado Guzmán sobre Basualdo.

La resistencia del funcionario de segundo orden, con aval de Cristina y Máximo Kirchner, representa un desafío para el ministro de Economía, pero también para el Presidente.

El jefe de Estado debería saber que perder esta disputa no solo dañaría a Guzmán -dejándolo al borde de la renuncia- sino que representaría una pérdida de su propia autoridad. 

En el mundo económico son cada vez más las voces que manifiestan su sorpresa ante las desautorizaciones y amonestaciones que Cristina Kirchner realiza cada tanto sobre distintos sectores del Gobierno.

Esa sorpresa se traduce en una desconfianza cada vez mayor de los mercados hacia la política económica, la caída en la cotización de los bonos soberanos y una casi nula llegada de inversiones, en medio del cepo cambiario.

En el kirchnerismo sospechan que permitir el aumento de la luz en más de dígito porcentual a los usuarios este año electoral complicará las chances de triunfo en los comicios.

Con la pandemia de Covid renovada por la segunda ola, las dificultades para la llegada de vacunas y una economía que vuelve a desacelerarse, sectores alineados con Cristina Kirchner creen que no es hora de sumar más malas noticias para el electorado.

Guzmán regresó de su gira europea satisfecho por los apoyos recibidos, pero recibió señales claras de que los países desarrollados aguardan también un plan de la Argentina que brinde garantías sobre la intención de empezar a poner las cuentas en orden.

El país lleva décadas gastando más allá de sus posibilidades y apelando a prestamistas como el FMI y el Club de París, una estrategia agotada.  

Si se suma el default del 2001 al actual, la Argentina encabeza por lejos el ranking de los países que más problemas tuvieron con el pago de sus deudas, a pesar de los fuertes recursos con los que cuenta, empezando por el fuerte ingreso de divisas de la agroexportación.

El sector agroexportador aportó más de US$ 3.000 millones durante abril, y en el primer cuatrimestre del año la entrada de dólares por esa vía ya ronda los US$ 10.000 millones.

El campo continúa cumpliendo su rol, a pesar de las amenazas que llegan desde el Gobierno sobre la posibilidad de subir retenciones.

Las tensiones económicas afloran de nuevo con fuerza y para quienes toman decisiones de inversión empieza a quedar claro que más allá de la salida o no de un subsecretario, lo que comienza a jugarse en lo más alto del poder es una definición sobre el rumbo de la política económica.