Por Itai Hagman (*)

El mundo enfrenta una pandemia que no estaba en los planes de ningún análisis económico ni político. Esto ha llevado a que en todos los países, independientemente de las medidas de aislamiento, se realicen fuertes políticas de estímulo. Como consecuencia, según datos del FMI, países como Estados Unidos, Brasil o España proyectan déficits fiscales extraordinarios de 15,3%, 9,3% y 9,5% respectivamente. Esta situación se repite a nivel mundial por un doble efecto de la pandemia: la caída de la recaudación asociada a la recesión económica y el aumento de gasto para paliar las consecuencias de la crisis. En este marco, en varios países del mundo se comenzó a discutir la necesidad de un aporte extraordinario por parte de las personas portadoras de grandes fortunas.

En Argentina la situación nos encontró de la peor manera: tras dos años de recesión económica, pérdidas de puestos de trabajo y fuerte caída de ingresos reales. Para colmo, con un país aislado del mercado financiero internacional desde 2018, que se consumió en tiempo récord y sin sentido el préstamo más grande de la historia del FMI y que hasta hace semanas estaba en un proceso de renegociación de deuda. Este escenario impuso tanto urgencias para financiar el apoyo social como dificultades para hacerlo, concentrándose el gobierno en adelantos transitorios y giros de utilidades del BCRA y el impulso al mercado de deuda en pesos. Es importante enmarcar el proyecto de aporte extraordinario por única vez por parte de las grandes fortunas como una fuente adicional de financiamiento en el contexto mencionado.

Recordemos que se trata de un aporte extraordinario para las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos según la declaración jurada de 2019. ¿Cuántas personas tienen fortuna declarada por ese valor? Alrededor de 12 mil personas, o en otras palabras, el 0,03% de la población. Es decir, no se trata de la clase media ni de la clase media alta, ni siquiera de todos los ricos.

El proyecto de ley además fija que el dinero recaudado, alrededor 300 mil millones de pesos, se utilizará para fines sociales, de salud y para asistencia económica a pymes y familias. La ley además establece una diferencia respecto a la ubicación de la riqueza: con alícuotas más elevadas para los bienes en el extranjero. A su vez, se ofrece el incentivo de que si vuelven a traer a la Argentina el 30% de sus tenencias financieras no se les cobre el adicional. Esto es muy importante para repatriar aunque sea una parte de los capitales que se fugaron en los últimos años.

Quienes se oponen al proyecto afirman que atenta contra la inversión. Sin embargo, está probado que las inversiones de las grandes empresas no se financian con los patrimonios personales de sus propietarios, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Las decisiones de inversión derivan fundamentalmente de las expectativas de ganancias, que a su vez se encuentran fuertemente relacionadas con la evolución de la demanda, como demostró Keynes hace años. Por ello, al contrario de lo que postula la crítica, las inversiones se verán favorecidas en la medida que en la post-pandemia las personas tengan capacidad de consumir, se encuentren en curso programas productivos y el país continúe normalizando el mercado de crédito.

Asimismo, los críticos suelen entrar en otra contradicción: rechazan el proyecto mientras cuestionan que se utilice la emisión monetaria para financiar el apoyo económico y social en la pandemia. Este proyecto busca que 12 mil personas que tienen una gran cantidad de riqueza acumulada, y cuya situación patrimonial no se verá alterada significativamente por esta contribución, hagan un aporte que contribuya al financiamiento extraordinario de esta crisis mundial sin precedentes. Entre otras cosas, esto permitiría reducir las necesidades de emisión mientras se sigue normalizando el mercado de deuda. La pregunta que debemos hacernos cuando escuchamos estos discursos es: ¿de dónde proponen que salgan los fondos para hacer frente a la crisis? ¿O acaso la propuesta oculta es que se reduzca la ayuda social y la crisis la paguen los sectores más vulnerables?

Por todo lo dicho, la contribución por única vez que estamos discutiendo es una medida moderada, de sentido común y que busca que el financiamiento de la crisis económica que estamos padeciendo no recaiga exclusivamente en un solo sector de la sociedad. Pero a su vez nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de avanzar en un debate más amplio sobre el sistema tributario argentino y si es razonable continuar con un esquema que extrae más recursos a la producción y al consumo que a los patrimonios y a los altos ingresos. En Argentina los impuestos sobre las rentas, que son tributos progresivos porque paga más el que más tiene, representan el 5,3% del PIB, mientras que en los países de la OCDE alcanzan un promedio de 11,3%. En cambio, los impuestos a los bienes y servicios, de carácter regresivo porque los sectores de menores ingresos son los que destinan mayor parte de su presupuesto al consumo, en Argentina alcanzan el 14,5% del PIB y en la OCDE promedia el 11%.

Lamentablemente, estos fundamentos quedan excluidos de las discusiones que son deglutidas por el griterío estruendoso de quienes tienen pocos argumentos para defender lo indefendible. En Argentina debemos dejar de simplificar los debates y estar a la altura del desafío real que estamos viviendo al enfrentar una pandemia que no hizo otra cosa que profundizar una crisis económica de proporciones históricas. El objetivo no es solo pasar esta situación de la mejor manera posible sino poner a la Argentina en la senda de la producción, el empleo y la justicia social. Objetivos que no son compatibles con los niveles de desigualdad vigentes.

(*) - Itai Hagman es Diputado Nacional por el Frente de Todos CABA, economista y director del OCEPP.