La cadena de pagos en el mercado de electricidad está a punto de quebrarse como consecuencia de la decisión del Gobierno de interrumpir el flujo de fondos a la empresa encargada de afrontar los costos de la generación eléctrica, Cammesa.

La crisis amaga con trasladarse a distintos sectores de la cadena de suministro eléctrico y disparar más cortes de energía en los hogares.

El Tesoro Nacional aportaba hasta diciembre último la diferencia de dinero entre lo que cuesta generar la electricidad y lo que pagan los usuarios residenciales.

El vehículo para cubrir dicha brecha es Cammesa, una compañía privada controlada por el Estado (tiene el 25% de las acciones clase A). 

Cammesa solía recibir dinero del Tesoro y de las empresas de distribución eléctrica (entre las que se encuentran Edenor, Edesur y Edelap), y con ello pagaba el costo del transporte y la generación eléctrica.

En diciembre, la compañía obtuvo $396.825 millones por parte del Tesoro, el 81% de lo que había solicitado para cubrir sus costos ($492.634 millones). 

Desde entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo, cortó el flujo. 

Durante enero y febrero, Cammesa no recibió asistencia del Tesoro y comenzaron los problemas en el sector.

Recién la semana pasada, la Secretaría de Energía solicitó que se haga una transferencia de $140.000 millones, cuando el pedido de asistencia de Cammesa había sido de $884.000 millones.

Las generadoras eléctricas cobraron por última vez el 15 de enero pasado la mitad de lo que correspondía por la energía generada en noviembre. 

Desde entonces, no recibieron ningún pago más, acumulándose una deuda con todas las empresas generadoras de electricidad de más de $1 billón.

Las empresas transportistas también sufren la falta de pagos. La mayor empresa operadora de trasmisión de alta tensión, Transener, tuvo dificultades la semana pasada para pagar los salarios. 

Si bien se realizó a término, la empresa debió realizar dos transacciones con tres días de diferencia para completar el 100% de los pagos, un hecho que nunca había sucedido.

La situación se volvió crítica porque coincidió con el agravamiento de otro desbalance del mercado, en el cual el Tesoro también solía intervenir con ayuda financiera.

Debido a que las tarifas de las distribuidoras tampoco se actualizaron durante varios meses, las empresas se empezaron a quedar cada vez más con el dinero que le correspondía a Cammesa para cubrir sus propios costos salariales y de mantenimiento del servicio.

Cammesa, por lo tanto, se quedó sin sus dos fuentes de ingresos, pero con varios pendientes de pago, que encima se dispararon tras la devaluación de diciembre, ya que es un sector en el cual el 60% de los costos tiene contratos en dólares.

Al 29 de febrero, Edenor transfirió solo 15% de la energía consumida en diciembre, que venció el 8 del mes pasado; Edesur, el 17%, y el grupo DESA (dueña de las distribuidoras bonaerenses Eden, Edes y Edelap), apenas el 2%.

El año pasado, Edenor ya debía $73.700 millones a Cammesa; DESA, $57.740 millones, y Edesur, $33.400 millones, aunque no son las únicas en rojo. En total, todas las distribuidoras del país adeudaban $305.650 millones (US$380 millones) al 29 de diciembre pasado.
A la espera de una señal

En el mercado esperan una señal de la Secretaría de Energía, que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo. El experto en energía que acompaña al presidente Milei desde junio del año pasado cree que el desbalance de pagos del sector se comenzará a solucionar en abril, cuando empiecen a regir a pleno los aumentos tarifarios anunciados a mitad de febrero.

Preocupa además el nivel de morosidad que pueda haber por el pago de las boletas de electricidad, debido a la magnitud de los aumentos tarifarios realizados en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. 

Si las distribuidoras tienen problemas para cobrar de los usuarios, los pagos a Cammesa no van a hacer lineales.

Por otro lado, cada jurisdicción tiene un ente regulador provincial que oficializa los aumentos de tarifas que dispuso la Secretaría de Energía y, a su vez, autoriza también las subas de las empresas distribuidoras, llamado valor agregado de distribución (VAD).

Mientras que el ENRE, que regula a Edenor y Edesur, les dio aumentos de VAD a las distribuidoras, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos solo ordenó trasladar la suba de precios de la Secretaría de Energía, sin aplicar un aumento adicional para las tarifas de Eden, Edes y Edelap. 

De continuar esta situación, no se espera que el grupo DESA aumente sus transferencias a Cammesa y, por lo tanto, la cadena de pagos seguirá tensionada.

A futuro, en el sector esperan tener mayor claridad sobre el rol de Cammesa. La idea de Rodríguez Chirillo es que la compañía vuelva a tener la única función que tenía en la década de 1990: estar a cargo del despacho de energía eléctrica.

A partir de los gobiernos de Cristina Kirchner, Cammesa fue sumando nuevas responsabilidades. Por ejemplo, hoy está a cargo de comprar todo el gas que las centrales térmicas necesitan para generar electricidad. También se ocupó de firmar los contratos de compra de energía renovable durante el gobierno de Mauricio Macri.

El plan del secretario de Energía es trasladar esos contratos a las generadoras y distribuidoras eléctricas, para desregular el mercado y que opere como era durante la convertibilidad.

El primer paso lo dio hace unas semanas, cuando el gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia, un funcionario que responde directamente al secretario de Energía, eliminó de manera sorpresiva la Gerencia de Contratos y despidió a los empleados.

Por eso, en el sector eléctrico están en alerta. Mientras tanto, Rodríguez Chirillo sigue adelante con su plan, ya que cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei, Caputo y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El próximo desafío será la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), el nuevo esquema de subsidios a la demanda.