Por José Calero

Urgido por cerrar un acuerdo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, resolvió dar una fuerte señal al FMI y apurar recortes del gasto que incluyen un reacomodamiento de planes de ayuda social, nueva fórmula previsional e incremento de tarifas desde 2021.

También impulsó achicar a menos de la mitad el programa ATP, por el cual el Estado se hace cargo de parte de los salarios del sector privado afectado por la pandemia, que se redujo este mes de 1,2 millones a menos de 500 mil trabajadores de actividades "críticas".

Tras aplacar versiones de divergencias con el jefe del BCRA, Miguel Pesce, Guzmán buscó transmitir una señal de autoridad cuando, en medio del debate en el gabinete sobre qué hacer con el IFE 4, anunció que no era momento para pagarlo.

Fue una señal de austeridad hacia los mercados, que desconfían de la costumbre peronista de repartir a manos llenas plata que no existe, a partir de emisión descontrolada.

En la misma línea, Guzmán tomó el control de la política energética, y el nuevo secretario del área, Darío Martínez, anunció que en enero se termina el congelamiento tarifario.

Es decir, se buscará que las clases medias empiecen a pagar parte del encarecimiento que sufrió la energía en 2020, de la mano de la suba del dólar.

Al Gobierno le permitirá reducir el enorme gasto en subsidios destinado a la generación y distribución de energía.

Las subas de tarifas podrían terminar superando a la inflación, como consecuencia de que durante 2021 podrían subir los precios del gas licuado (GNL) que se importa.

En cuanto a la nueva fórmula de ajuste previsional, el Gobierno busca retomar la que se aplicaba en los tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner, dejando de lado la inflación, y ajustando por salarios y recaudación.

De esa forma, Guzmán se asegura que el 60% del gasto del Estado no termine disparado en caso de que los precios suban más de lo esperado, como ocurrió en octubre último, cuando el IPC alcanzó su mayor nivel del año (3,8%) y los alimentos subieron 6%.

A esto se suma la votación del Presupuesto 2021, una hoja de ruta para achicar el déficit fiscal, cuya meta de mínima es reducirlo al 4,5% del Producto Bruto, pero que podría deparar una baja aún mayor, si se alinean los planetas y la economía crece el año próximo por encima del 5,5% previsto.

La meta de rojo fiscal será uno de los ejes de discusión entre las pretensiones del Fondo Monetario de un ajuste aún mayor, y las necesidades políticas del Gobierno en un año electoral.

El FMI viene golpeado por su rotundo fracaso en la Argentina y no quiere repetir errores cometidos cuando le habilitó un cheque en blanco de u$s 44.000 millones a Mauricio Macri, que se terminó yendo por la canaleta de la fuga de capitales.

Por eso, la nueva conducción del organismo buscaría cerrar un acuerdo flexible con la Argentina, que no asfixie las finanzas en los primeros años, y le brinde al menos una década para pagar las deudas.

A esta altura se estima que son cerca de u$s 50.000 millones los fondos adeudados al organismo, si se incluyen los intereses, una enormidad para una economía con un Producto Bruto que se ha ido achicando en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia.

Guzmán le adelanto a los enviados del FMI que se apuntará a un déficit fiscal inferior al 4,5% del PBI, e incluso mostró su confianza en que se ubique por debajo del 4%, bajo determinadas condiciones.

Mientras avanza en el Congreso con leyes clave, el ministro de Economía tuvo esta semana un revés en el mercado cambiario.

El dólar blue volvió a subir fuerte ($172), aunque aún está lejos de los niveles del 23 de octubre ($192), y el BCRA perdió más de u$s 750 millones de reservas en dos semanas. La brecha cambiaria supera el 115%, un nivel difícil de digerir para el FMI, cuyos programas tienden siempre a la unificación del tipo de cambio.

En esta negociación, el principal punto a favor de la Argentina es que el FMI ya admitió haber cometido errores al desembolsar una cifra millonaria al gobierno de Mauricio Macri, sin tomar en cuenta cuál era la estrategia de esa administración.

Ahora, el Fondo parece más interesado en tener la chance de recuperar la plata, aunque sea en diez años.